Carlos Ramírez López: La justicia internacional como problema (1)

CARLOS RAMIREZ LOPEZ DR LEYCARLOS RAMIREZ LOPEZ DR LEY

Seis magistrados de la Corte Penal Internacional demandaron a la Corte Penal Internacional. Esto es increíble, propio de Ripley, pero absolutamente cierto.

El presidente de la Corte Penal Internacional, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, y otros cinco de sus colegas acudieron por ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Ginebra y demandaron un aumento de sueldos. Estos magistrados tienen asignados sueldos de 180.000 euros (203.000 dólares) al año, libres de impuestos, con beneficios sociales y además con privilegios diplomáticos, pero lo consideran muy poco. Esta noticia fue publicada el 27 de enero de este año 2019 en el diario El País (España). En la nota de prensa se reseña que la motivación de esa demanda consiste en que los jueces de otro tribunal de la misma categoría, la Corte Internacional de Justicia, ganan 20.000 euros (22.250 dólares) más que ellos, y que además realizan trabajos de arbitrajes fuera de sus labores oficiales, detalle que arroja una grave imputación contra estos otros jueces en un tribunal en el cual, por cierto, Venezuela está siendo demandada por el caso del territorio Esequibo.

https://elpais.com/internacional/2019/01/27/actualidad/1548616705_054193.html

 

Tras las huellas de Núremberg

El horror de muerte, sangre, dolor, tragedia, causado por la locura nazi no podía quedar impune, el mundo clamaba por justicia, una que fuera muy fuerte para desestimular que en el futuro a otros se les ocurriera repetir la terrible hecatombre. En principio se pensó simplemente en el fusilamiento, pero se impuso la tesis de que había que dejar el legado de un proceso civilizado, un juicio con garantías, y así se estructuró un tribunal militar internacional que durante un año juzgó a 21 líderes nazis, y al final se impusieron penas de cárcel y de muerte. Otro proceso similar se efectuó simultáneamente en Tokio.

Aquella experiencia sirvió de modelo bajo los cuales se crearon tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia (1993) y otro para Ruanda (1994) donde ocurrieron crímenes masivos, y a partir de los cuales en la ONU se llegó al convencimiento de que era necesario establecer un órgano judicial internacional fijo en vez de estar creando uno para cada caso, y así nació la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en Ginebra que fue producto de negociaciones entre los países. Luego detallaremos las terribles infiltraciones que allí ejecutó Hugo Chávez.

 

Los presupuestos de la CPI

Los presupuestos son aprobados por la Asamblea de Estados Parte que son quienes aportan los dineros. El correspondiente al año 2018 fue de 147 millones de euros (166,5 millones de dólares) y el solicitado para este año 2019 fue de 152 millones de euros (170 millones de dólares). Los gastos más gruesos corresponden a sueldos y beneficios del numeroso personal que allí está empleado, comenzando por 18 magistrados, un fiscal principal, un fiscal adjunto y cientos de otros funcionarios. Los magistrados y el fiscal son nombrados para que ejerzan sus cargos por 9 años y cada uno tiene asignado un sueldo de casi 2 millones de dólares al año. Además, el presupuesto anual para gastos de la oficina del fiscal es de unos 50 millones de dólares.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Volviendo al asunto de la demanda de los magistrados de la CPI contra la CPI, hay que decir que es difícil comprender cómo unos jueces de tan alta categoría se exponen a tan escandalosa situación poniendo en tela de juicio su necesaria sindéresis además de sus aptitudes profesionales al estar proponiendo demandas laborales ante un órgano como la OIT que no tiene atribuida competencia para conocer de ello ya que no es un tribunal, ni mucho menos lo es para conocer de reclamos salariales de individuos. Es un reclamo indecoroso.

 

La voracidad por el dinero

Los magistrados y el fiscal de la CPI son nombrados por la Asamblea General de la ONU –para períodos de 9 años, casi siempre por consenso producto de negociaciones–. Desde su creación en el año 2000, en 18 años de actividad, este tribunal ha conocido apenas 26 casos, de los cuales ha emitido solo 8 sentencias de condenas. Evidentemente, la productividad es muy baja, por lo cual podemos afirmar que la inoperatividad conduce a ser pesimistas respecto a la función originalmente pensada para esta corte.

Además del asombroso caso de la demanda sobre salarios antes comentado, tuvimos el escándalo suscitado con respecto al primer fiscal que se nombró, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien apareció vinculado en la trama de los “Panamá Papers” con inversiones secretas de dineros de origen dudoso, y ya descubierto. La explicación que dio fue que trataba de completar sus ingresos porque el salario le era insuficiente. De más está recordar que ese fiscal mantuvo unas sospechosas relaciones con personajes vinculados a la dictadura venezolana a favor de la cual cerró en total oscuridad 22 causas que se le habían denunciado.

Tampoco ha escapado de este tipo de situaciones la actual fiscal Fatou Bensouda, de quien se han publicado hechos como el de la reclamación de unos millones de dólares a un banco en Dubai por unos honorarios de su marido en un extraño caso de un policía de Gambia.

 

Continuará.

 

@carlosramirezl3

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