Chávez califica de «vital» la Ley de Costos y Precios criticada por la patronal Fedecámaras

   El presidente Hugo Chávez calificó hoy de «vital» para el socialismo que promueve su Gobierno la Ley de Costos y Precios Justos que entrará en vigor el próximo mes y que ha sido criticada por los empresarios. La norma es «vital» en el tránsito hacia un modelo económico productivo socialista, manifestó Chávez en una llamada telefónica al ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, al que le anunció que, bajo el amparo de esa ley, lo autorizaba a fijar nuevos precios máximos de venta del cemento. «Hay que terminar de quebrar todas esas redes que todavía tiene la burguesía» y eso «no es fácil», afirmó el gobernante durante su comunicación con Menéndez, quien participaba en un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV). Indicó que la ley que empezará a regir en la última semana de noviembre permitirá determinar «los costos verdaderos» de cada artículo que se produce para así «evitar la especulación capitalista y darle a los productos el precio justo» de venta. Chávez pidió «a los trabajadores, al pueblo, a la inteligencia» policial y militar y a todas las instancias que forman parte de lo que denominó «contraloría social» a ayudar para poner fin a lo que llamó «vicios del capitalismo». «Hay que darle muy duro y en todas partes» a prácticas de ese tipo, remarcó…

La patronal venezolana Fedecámaras pidió el pasado 19 de octubre que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos aprobada por Chávez en julio pasado, por considerar que restringe la posibilidad de crear empleos, mantener empresas estables y lograr mayor abastecimiento.

«Planteamos la suspensión de la ley y también queremos ver la posibilidad de analizar cuáles son las alternativas constitucionales como la demanda, la derogación», dijo ese día el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti.

Chávez aprobó el 14 de julio pasado esta ley que prevé la creación de un sistema de administración de precios de venta al público y márgenes de ganancia, así como una superintendencia adscrita a la Vicepresidencia del Gobierno que regulará, controlará y sancionará a los especuladores.

El representante de los empresarios advirtió que cuando falta un mes para la entrada en vigencia de la norma «todavía no hay ni la plataforma tecnológica ni jurídica para que un instrumento de esta naturaleza funcione».

Botti calificó de «inviable», desde el punto de vista práctico, que el Estado quiera aplicar el instrumento jurídico a todo el aparato productivo del país y por ello anunció que quieren llevar la discusión, nuevamente, al Parlamento.