España declara persona no grata al embajador de Venezuela, Mario Isea


El Consejo de Ministros ha decidido este viernes declarar persona non grata al hasta ahora embajador de Venezuela en España, Mario Isea, “en estricta reciprocidad” con la actuaciónejecutada el jueves por el gobierno de Nicolás Maduro de expulsar de ese país al embajador español, Jesús Silva Fernández.

Así lo ha confirmado el portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Gabinete y tras lamentar el comportamiento y los ataques formulados por Maduro en los últimos días contra España y en particular contra su presidente, Mariano Rajoy. La declaración de un embajador como “persona non grata”supone de forma automática su expulsión del país y en este caso se le ha dado a ambos diplomáticos el plazo de 72 horas para cumplir esa orden. Es una medida tan excepcional como grave y que se ejecuta en muy pocas ocasiones y ante crisis políticas de especial trascendencia como la que mantienen ahora España y Venezuela.

“España es el país que más ha contribuido, contribuye y va a seguir contribuyendo al diálogo y a la negociación de todos los venezolanos”, declaró a EL PAÍS el embajador español en Caracas poco después de conocer el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en España y mientras se encontraba ya preparando su vieja de retorno a Madrid. Jesús Silva añadió su pesar porque se interrumpa de esta manera abrupta la labor de intermediación que la embajada de España estaba intentando capitalizar desde hace tiempo entre todas las partes implicadas en este conflicto: “Desde que yo llegué, en abril pasado, se empezaron a retomar los contactos en la embajada de España y siempre hemos trabajado por acercar a todas las partes y por impulsar una negociación efectiva”.

El diplomático español tachó su expulsión como “un tratamiento totalmente injustificado y un retroceso y un golpe que perjudica la negociación entre las partes y donde el Gobierno de España y la embajada en Venezuela ha intentado ser una de las claves de ayuda para todos”.

El embajador español, Jesús Silva, con 29 años de carrera diplomática en plazas y situaciones muy complicadas (Panamá durante la crisis del Canal o Jamaica durante el conflicto con las empresas hoteleras), llegó precisamente a Caracas de un viaje a Madrid el pasado miércoles por la noche. El jueves por la mañana recibió una llamada del canciller venezolano, Jorge Arreaza, con la que le adelantó la medida que iba a adoptar el ejecutivo de Maduro y que los diplomáticos españoles destacados en Caracas se temían desde hacía ya algunas semanas por el encrespamiento del clima político y social interno y por cómo se habían complicado las relaciones con España. Se intentaron incluso mediaciones para evitarlo sin ningún éxito. Arreaza oficializó luego esa actuación con un comunicado publicado en Twitter.

El Gobierno venezolano, de hecho, ya había llamado antes a consultas a su representante en Madrid, Mario Isea, que estaba ya en Caracas. En la tarde del jueves, poco después de conocerse la reacción oficial de España a esas intenciones en boca del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, desde Davos, el diplomático español recibió la notificación oficial que le confirmaba el mandato de salida. Dastis había hablado en Davos de medidas proporcionadas de reciprocidad y esas son las que adoptó el Consejo de Ministros y comunicó Méndez de Vigo. Al declarar ahora persona non grata al diplomático venezolano se le avisará ya también de que no intente regresar a Madrid.

El ejecutivo de Maduro ha intentado justificar esta decisión tan drástica como inhabitual actualmente entre países con relaciones tan intensas como España y Venezuela en una supuesta “agresión injerencista y colonialista” del Gobierno de España —una decisión anunciada también a través de Twitter—.Venezuela concretó esa medida tras entregar una “contundente” nota de protesta a diplomáticos de la Unión Europea acreditados en el país por las sanciones comunitarias contra siete altos funcionarios de la nación caribeña aprobadas el pasado lunes y en un momento de gran crisis interna, tanto económica como política y social.

Caracas achaca a España el impulso, junto a otros países, de las sanciones que la Unión Europea impuso este lunes a siete altos funcionarios del Gobierno venezolano, entre ellos al ministro de Interior, Néstor Reverol; Diosdado Cabello, y a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena. La UE les acusa de “menoscabar la democracia y el Estado de derecho”, “graves violaciones de los derechos humanos” y reducir las competencias del Parlamento de mayoría opositora desmantelado por la Constituyente.

El País

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