Inicia juicio contra 179 miembros de las FARC por 900 delitos

«Desde hoy (miércoles) inicia el juicio contra los miembros de las FARC que participaron o aplicaron a la ley de Justicia y Paz, bajo el régimen de la ley 975, donde se ha logrado imputar 900 hechos delictivos», manifestó a periodistas el fiscal de la unidad de análisis y contexto, Leonardo Cabana.

La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 fue promulgada en 2005 y a ella se acogieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se disolvieron a mediados de 2006 como parte de un proceso de paz con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Dicha ley, a la que se pueden acoger los actores del conflicto, establece, entre otras cuestiones, penas alternas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos graves.

Entre los hechos por los cuales deberán responder penalmente los exguerrilleros, están: las tomas violentas a la base militar de Miraflores (Guaviare) y a los municipios de Mitú (Vaupés), Puerto Lleras y el caserío El Billar en Meta y Puerto Rico (Caquetá), señaló la Fiscalía en un comunicado.

También están dentro del proceso hechos como los secuestros de Ingrid Betancourt, el general Luis Mendieta, Alan Jara, Consuelo González de Perdomo y Jorge Géchem Turbay, entre otros.

La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía acusó, entre otros, a los entonces comandantes de la organización subversiva, Ely Mejía Mendoza, alias «Martín Sombra», exintegrante del Bloque Oriental; José Luis Pabón, del Frente 22; Luis Carlos Chaparro, del Frente 42, y Jerónimo Aljure del Frente 56, agregó la información.

Los insurgentes investigados se desmovilizaron luego del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y ese grupo guerrillero el pasado 24 de noviembre, pero que no se concentraron en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN).

En virtud del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, la plenaria del Senado de Colombia aprobó el pasado 13 de marzo en el último debate la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral del pacto con esa guerrilla.

La JEP investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), prostitución forzada y esclavitud sexual, entre otros.