No había cupo en las cárceles para detenidos en Capturas

   El Ministerio Público estaba al tanto de la detención de las 3 personas que murieron el jueves 26 de mayo en la madrugada.

Pedro Cipriano Rivero Rivas, de 32 años de edad, fue presentado el lunes 23 de mayo ante el Tribunal Tercero de Control de Caracas, a cargo de Jerry Frank Suárez, por una denuncia procesada a través de un fiscal de guardia el fin de semana anterior por el delito de facilitación de acto carnal con víctima especialmente vulnerable.

En ese caso también fue procesado Doluis Starkin Flores.

El juez Suárez ordenó que Rivero fuese recluido en La Planta, pero esto no se cumplió debido al conflicto que adelantan los reos de esa cárcel, cuyo hacinamiento es superior a 300%. La boleta de encarcelación de Rivero tenía el número 022-011.

Rubén Arnal Marín, de 30 años de edad, fue apresado en Los Rosales el 23 de mayo a las 4:00 pm por una averiguación de supuesto homicidio. Fue presentado ante el tribunal 12 de control de Caracas y su caso era procesado por la fiscalía 10 del Área Metropolitana. Iba a ser enviado al retén de Los Teques, pero la sobrepoblación en el recinto era similar a la de La Planta.

William Pérez Tovar, de 27 años de edad, fue detenido en flagrancia por la presunta posesión de varias porciones de droga, durante una jornada de la operación Cangrejo que se llevó a cabo el miércoles 25 de mayo en La Quebradita I. Durante la verificación de antecedentes se determinó que supuestamente estaba solicitado por dos casos de homicidio.

La detención de Pérez Tovar fue notificada a la fiscalía 26 del Área Metropolitana. No fue presentado porque murió durante la primera noche que pasó en la sede policial de El Rosal.

Privados de libertad. Los dos efectivos de la policía judicial que se pusieron a derecho el martes por la muerte de tres detenidos en el Departamento de Aprehensión fueron privados de libertad y serán recluidos en la sede de la Brigada de Acciones Especiales, en San Agustín del Sur.

Juan Carlos Tavares y Desirée Boada, los fiscales 39 nacional y 86 del Área Metropolitana, respectivamente, imputaron al detective Evert Rondón y al agente Alfredo Suárez Piñate los delitos de trato cruel a detenido, omisión de socorro y quebrantamiento de pactos, y acuerdos internacionales. El acto se efectuó en el Tribunal 48 de Control. Ese mismo juzgado emitió órdenes de captura contra el jefe de la unidad policial para el momento de las muertes, comisario Rafael Caicedo, y contra otro efectivo.

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