Sundde y Fanb suscriben convenio de intercambio de tecnología para facilitar las fiscalizaciones


La Superintendencia de Precios Justos (Sundde) y la FundaciónMüröntö: Centro de Innovaciónpara el Desarrollo suscribieron este lunes un convenio de intercambio de tecnología a los fines de facilitar el proceso de fiscalización que se realiza para luchar contra el acaparamiento y la especulación de los bienes y servicios.

William Contreras, superintendente nacional de Precios Justos, informó que este acuerdo con este órgano adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) servirá para mejorar y actualizar la plataforma tecnológica de la Sundde.

“Nosotros tenemos ya varias semanas haciendo el análisis de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y en función de ello hemos logrado diseñar un esquema de trabajo que nos va a permitir en muy poco tiempo actualizar la plataforma tecnológica, pero orientada fundamentalmente a facilitar la atención al pueblo venezolano”, comentó Contreras, desde la sede de la Fundación Müröntö.

Es por ello que actualmente se diseña una serie de aplicaciones tecnológicas, vía web y telefonía, para que los venezolanos puedan enviar sus denuncias, sustentadas y con fotos, en tiempo real.

“Esto va a ser pasando, de inmediato a una sala de fiscalización, que, a su vez, ambas situaciones van a alimentar una sala situacional, o un centro de mando integral, que estamos construyendo en la Superintendencia Nacional de Precios Justos”, agregó.

Contreras recalcó que el objetivo principal de este plan no sólo es facilitar el proceso de fiscalización sino también realizar análisis, en función de la experiencia, para prevenir determinados ilícitos como el acaparamiento, la especulación y la desviación de mercancía.

De igual forma, las dos instituciones analizan el fenómeno de la violación de derechos fundamentales, distintos al cumplimiento de precios, como la limitación del acceso que actualmente generan las redes organizadas del “bachaqueo” alrededor de los establecimientos comerciales, que impiden a los usuarios comprar a través de la amenaza e intimidación.

“Esto viola masivamente el derecho de venezolanos y venezolanas, nosotros hemos analizado este tema con los compañeros de este centro de investigaciones de la Fanb”, acotó Contreras.

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