Texto Completo del Informe presentado por Luis Almagro ante la OEA, PARTE 4 DE 7

fajos de billetes de menor denominación, difíciles de conseguir, que en muchos casos tenían un valor inferior a un centavo. 68

 

El descontento por tener que lidiar con una economía incluso más paralizada que de costumbre desencadenó un gran malestar social. Ello provocó protestas y saqueos en varias ciudades. En Maracaibo, donde la policía intervino para poner fin a un saqueo en las cercanías de un edificio bancario, y en el estado oriental de Bolívar, donde las turbas saquearon varios negocios, los jóvenes agitaban al aire sus billetes de 100 bolívares gritando «son inútiles» hasta que se vieron obligados a dispersarse cuando la policía, con equipo completo antimotines, comenzó a disparar bombas de gas lacrimógeno.69

 

En Caracas, la gente marchó por las calles para protagonizar una cacerolada y expresar su descontento por la aparente falta de planificación del Gobierno. No había transacciones en efectivo ni en la calle ni en las tiendas. El Gobierno tuvo que volver a poner en circulación los antiguos billetes. Además, las autoridades prorrogaron el cierre de la frontera con Colombia y Brasil. Se adujo que se trataba de una medida dirigida a frustrar a las «mafias» que atesoraban bolívares, lo que llevó a los críticos a mofarse de la idea de que los gánsteres prefieren mantener su riqueza en la moneda que se devalúa más rápidamente en todo el mundo. El billete de 100 bolívares vale poco más de dos centavos. El aumento de la deuda se dio con precios altos del petróleo, también el comienzo de los problemas de desabastecimiento, así como los problemas de ineficiencia productiva. Los problemas de Venezuela están mas allá del precio del petróleo.

 

LA CRISIS HUMANITARIA

 

ESCASEZ DE ALIMENTOS

 

El 22 de Julio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que lamentaba “la apremiante situación de agudo desabastecimiento y escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos en Venezuela. Esta situación ha conducido a un deterioro muy significativo de las condiciones de vida en el país y a un incremento de la violencia, lo que resulta en daños para la salud, la integridad personal y la vida de las personas, en detrimento de los derechos protegidos por los instrumentos interamericanos y universales de derechos humanos”.70

 

Desde la publicación del primer informe del Secretario General y del Comunicado de la CIDH, la situación que vive Venezuela en cuanto a la salud y la alimentación ha empeorado significativamente y solo puede describirse como alarmante  y en necesidad de una urgente acción por parte de las autoridades y otros actores nacionales e internacionales.

 

En enero de 2017, el precio de la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 621.106,98 bolívares, un aumento del 14 por ciento respecto del mes anterior y 481,8 por ciento más respecto del mes

 

68 Venezuela: El billete más usado ahora es bueno para el nuevo año, Voice of America, https://ayrevenezuela.wordpress.com/2016/12/18/venezuela-el-billete-mas-usado-ahora-es-bueno-para-el-nuevo- ano/ y, Es el caos total: la tensa situación de Venezuela sin billetes deriva en protestas, saqueos e interminables filas, BBC, 17 de diciembre de 2016,  http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38349625

69 Ibid.

70 CIDH llama al Estado venezolano a adoptar medidas integrales frente al desabastecimiento en Venezuela, 22 de julio de 2016, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/096.asp

 

 

 

 

 

de enero de 2016. Se requieren 15,3 salarios mínimos (40.638,15 bolívares) para poder adquirir la canasta.71

 

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a precio  regulado,  harina  de  maíz,  café,  mayonesa,  jabón  de  baño,  detergente,  lavaplatos, compotas, Nenerina, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, toallitas, servilletas, leche condensada, leche líquida de un litro, suavizante, desodorante, afeitadora desechable, crema dental, champú, jabón, e insecticidas presentan problemas de escasez.72

 

La  última  Encuesta  sobre  Condiciones  de  Vida  indica  que  la  inseguridad  alimentaria  está presente  en  el  93,3  por  ciento  de  los  hogares  porque  el  ingreso  no  alcanza  para  comprar alimentos. Asimismo, aproximadamente 9,6 millones de personas ingiere dos o menos comidas al día. La población venezolana ha sufrido un cambio brusco en el patrón de alimentación, las hortalizas y los tubérculos están desplazando a las proteínas de alto valor biológico y se está acentuando la desigualdad en la calidad y cantidad de la alimentación73.

 

Caritas de Venezuela instaló en septiembre de 2016 un sistema de monitoreo, alerta y atención en nutrición y salud para niñas y niños menores de cinco años, inicialmente en los estados de Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital. A través de este sistema de monitoreo, Caritas pudo recopilar información de primera mano y publicó un informe para el período octubre a diciembre de 2016 el cual revela que en las parroquias bajo monitoreo el 25 por ciento de las niñas y niños evaluados mostraron alguna forma de desnutrición aguda y el 28 por ciento mostraron riesgo de desnutrición. El informe concluye además que “para algunos estados específicos como Zulia y Vargas, la prevalencia de desnutrición aguda global sobrepasó los umbrales de severidad media y coinciden con los límites que definen una situación de alarma o crisis en los marcos internacionales de clasificación de las crisis humanitarias.” Asimismo, “son los niños menores de dos años los más afectados por la desnutrición aguda. La prevalencia de desnutrición aguda en niñas y niños menores de seis meses duplica la de los niños mayores de dos años. Esta mayor incidencia de la desnutrición en los niños más pequeños da un carácter crítico a la situación, por la irreversibilidad de los impactos de la desnutrición cuando ocurre a esa edad.” Finalmente, concluye además que “lo agudo de la situación nutricional encontrada y el grupo de edad más afectado exigen una respuesta urgente. La desnutrición a este nivel de intensidad y entre niñas y niños pequeños, los predispone irreversiblemente a las enfermedades prevalentes de la infancia, al rezago escolar en el corto plazo, y al social, productivo y psico-afectivo en el mediano plazo. Produce también destitución y fragmentación familiar y, a nivel de la sociedad, tensión social y

violencia.”74

 

 

71 Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, https://www.derechos.org.ve/actualidad/cendas-fvm-el-precio-de-la-canasta-alimentaria-supero-los-seiscientos-mil- bolivares

72 Ibid.

73 Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2016 Alimentación.  http://observatoriodeviolencia.org.ve/wp- content/uploads/2017/02/UCV-UCAB-USB.-ENCOVI-2016.-Alimentaci%C3%B3n.pdf

74 Línea Basal del Monitoreo Centinela de la Situación Nutricional en Niñas y Niños Menores de 5 años, octubre- diciembre 2016, Caritas de Venezuela, 13 de enero de 2017.

 

 

 

 

 

Mientras que muchos venezolanos pasan hambre porque no pueden encontrar o pagar alimentos básicos, una investigación de Associated Press llegó a la conclusión de que los militares venezolanos están ganando muchísimo dinero por el tráfico de alimentos, tras la decisión del Gobierno de poner a los militares a cargo de la distribución de alimentos en julio de 2016. Según la investigación, «el tráfico de alimentos se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en Venezuela […]. Y desde los generales hasta el último soldado, los militares están involucrados en chanchullos, según documentos y entrevistas con más de 60 funcionarios, empresarios y trabajadores, incluidos cinco ex generales». «En los últimos tiempos, la comida es un negocio mejor que las drogas”, dijo el general retirado Cliver Alcalá, quien comandó tropas encargadas de la seguridad fronteriza de Venezuela. “Los militares están ahora a cargo de la gestión de los

alimentos, y no van a hacerlo sin sacar partido de la situación».75

 

SALUD

 

En una entrevista para Venevisión el 7 de diciembre de 2016, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró que la red pública de hospitales tiene problemas estructurales y financieros muy graves, debido a la escasez de insumos, medicinas y recursos económicos. “Toda la red pública está en bancarrota, lo que se traduce en una crisis sanitaria y asistencial”, indicó Natera. El presidente de la Federación señaló que los centros asistenciales tienen solo tres por ciento de los insumos médicos; debido a eso, los pacientes y familiares deben comprar la mayoría de los materiales para ser atendidos en un hospital. “Los pacientes deben llevar gasas, sueros e incluso comida […]. Hay una privatización disfrazada del

sistema de salud en Venezuela”, agregó.76

 

En otra conferencia de prensa celebrada el 4 de enero de 2017, el presidente de la Federación aseguró que la escasez de insumos médicos quirúrgicos en los hospitales venezolanos ronda el 98 por ciento. El Doctor Natera aclaró que “el holocausto de la salud es instalado por el Gobierno. Se nos mueren los pacientes de mengua en los hospitales por falta de insumos. Las cifras no son rojas, son súper rojas con la cantidad de muertos en cualquier lugar del país”.77

 

El 7 de febrero de 2017, trabajadores de la salud y pacientes protestaron en Caracas para denunciar el «abandono» del sector, afectado por una escasez de insumos y los bajos sueldos que empujan cada vez a más médicos a emigrar. Durante la manifestación, Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, denunció al Gobierno por el “abandono manifiesto de los hospitales públicos”. «Hay una falta sistemática de todo tipo de insumos médicos y de limpieza; falta hasta el agua. Muchos equipos están dañados al punto que no hay forma de hacerse una tomografía en un hospital público», aseguró el dirigente sindical.78

 

Otra fuente detalla la escasez de medicamentos como Atamel, Losartán Potásico, Amlodipina, Aspirinas,   Omeprazol,   Lansoprazol,   Dilantin,   Di-Eudrin,   Glibenclamida,   Glidan,   Biofit,

 

 

75 Venezuelan Military Trafficking Food as Country Goes Hungry, The Associated Press, 28 de diciembre de 2016, http://bigstory.ap.org/article/64794f2594de47328b910dc29dd7c996/venezuela-military-trafficking-food-country- goes-hungry

76 http://www.el-nacional.com/noticias/salud/federacion-medica-red-publica-hospitales-esta-bancarrota_43955

77 http://www.lapatilla.com/site/2017/01/04/fmv-falta-de-insumos-quirurgicos-en-hospitales-esta-entre-97-y-98/

78 http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/02/07/trabajadores-de-la-salud-protestaron-en-venezuela- contra-el-abandono-estatal/

 

 

 

 

 

anticonceptivo Belara, Trental, Tamsulon, Zyloric, Tamsulosina, Heprox, Secotex, Urimax, Clopidogrel y antialérgicos, entre otros, e inyectadoras.79

 

Según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017, en 78% de los hospitales públicos hay escasez de medicinas; en 71% no se pueden hacer ecografías, y en 97% hay fallas severas o son inoperativos los laboratorios; en 64% el servicio de nutrición hospitalaria no es operativo, y no hay fórmulas lácteas en los servicios pediátricos de 64% de los hospitales públicos.

 

El 27 de diciembre de 2016, la ex presidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolana, la Doctora María Yanes, escribió una columna publicada en el diario El Nacional en la cual indica que dos enfermedades han demostrado el fracaso de las políticas sanitarias en Venezuela. “La malaria […], (cuyas) proyecciones de expertos indican que este año culminará con un aproximado de 250.000 casos, y la difteria, enfermedad que había sido erradicada, reaparece de manera alarmante. La Sociedad Venezolana de Salud Pública calcula una incidencia de 350 a 500 casos en seis estados del país. Esta última refleja el gran fracaso en la cobertura vacunal, pilar fundamental para prevenir este tipo de enfermedad. […]. El desconocimiento de esta crisis por el Gobierno, sumado a su ignorancia en las políticas de salud, indolencia y la obsesiva  negación  de  aceptar  ayuda  humanitaria  a  través  de  mecanismos  de  cooperación

internacional han desencadenado tristemente el colapso de la salud en Venezuela.”80

 

Mientras tanto, la mortalidad infantil aumenta rápidamente en Venezuela. De acuerdo a un artículo del Wall Street Journal publicado el 17 de octubre de 2016, “la tasa total de mortalidad infantil en el país es actualmente de 18,6 por cada 1.000 nacidos vivos. La cifra está muy por encima del extremo superior del rango que Unicef estima para Siria, un país en guerra, que es de

15,4. En los primeros cinco meses de 2016, 4.074 bebés murieron en Venezuela antes de cumplir un año, un 18,5 por ciento más que en el mismo período de 2015 y 50 por ciento más que en igual lapso de 2012”.81

 

En vista de la grave crisis política, humanitaria y económica en el país, los venezolanos con recursos están saliendo del país en masa y muchos buscan asilo. Según un informe de The Associated Press del 12 de febrero de 2017, el mayor número de solicitudes de asilo en Estados Unidos corresponde a los venezolanos. El informe señala que «datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del gobierno de los Estados Unidos indican que el año pasado 18.155 venezolanos presentaron solicitudes de asilo, un 150 por ciento más que 2015, y seis veces más que en el 2014».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, https://www.derechos.org.ve/actualidad/cendas-fvm-el-precio-de-la-canasta-alimentaria-supero-los-seiscientos-mil- bolivares

80 http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/ano-2016-colapso-salud-venezuela_72770

81 http://lat.wsj.com/articles/SB12736863293049773839404582380761769452758

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 4: EXHORTAMOS AL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A TRABAJAR CONJUNTAMENTE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE BRINDAR ESTÁNDARES SUFICIENTES DE SEGURIDAD A SUS CIUDADANOS.

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA

 

El contrato social está basado en la premisa de que una persona consiente renunciar a algunas de sus libertades para vivir en una comunidad y, a cambio, recibe seguridad y la protección fundamental de todas sus otras libertades y derechos. El derecho a la seguridad del individuo está garantizado en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en que se afirma que «todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona», y se ve reafirmado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.” Basados en el principio del contrato social, los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el acceso a las necesidades básicas, proteger sus derechos humanos y brindar seguridad. Cuando los Estados no protegen a su población contra la delincuencia y la violencia social, se menoscaba la seguridad de la ciudadanía, lo que señala el quebrantamiento de la relación entre el gobierno y el pueblo.

 

En la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana de 1991, que dio inicio al proceso formal de seguridad hemisférica, se afirma que «la existencia de amenazas, preocupaciones y otros desafíos multidimensionales a la paz y la seguridad, afectan el goce de los derechos de todas las personas y la estabilidad democrática».82

 

El informe de 2009 de la CIDH sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos vincula la resolución de crímenes y la violencia al fortalecimiento del sistema democrático, centrándose en la protección del individuo sobre la seguridad del Estado o del sistema político. «Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados están obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad personal;

el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes».83

 

Durante el transcurso del año pasado, la situación de inseguridad que vivió el país siguió deteriorándose. La Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2016 revela que 94 por ciento de los encuestados piensan que la violencia ha aumentado; 21 por ciento de los entrevistados dicen haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses; 60 por ciento de ellos temen ser atacados o robados en su vivienda; 66 por ciento, en las calles durante el día y 80 por ciento, en los medios de transporte.

 

 

 

82 preámbulo  http://www.oas.org/xxxiiiga/english/docs/agdoc4224_03rev3.pdf

83 Report on Citizen Security and Human Rights. IACHR. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre de 2009 http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/citizensec.pdf

 

 

 

 

 

La  situación  de inseguridad ha  cambiado  la  vida diaria  de la  ciudadanía. Según  la misma encuesta, el 69 por ciento de los entrevistados dice haber limitado sus actividades de diversión y recreación; el 67 por ciento ha limitado los lugares donde van de compras; y el 40 por ciento de los encuestados ha visto la necesidad de mudarse del lugar donde vive por temor a ser víctimas de una acción violenta.84

 

Venezuela cerró el año pasado con más de 28.000 muertes por violencia en el país, padeciendo de una tasa de homicidios de 91 por 100,000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia.85 Ya en el año 2014, la ciudad de Caracas se había convertido en la ciudad más violenta del planeta, según el índice de las 50 ciudades más violentas del mundo publicado por la ONG mexicana, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP). En 2015, la tasa de homicidios en la capital alcanzó 120 por 100,000 según InSight Crime.86

 

La ciudadanía no solo teme ser víctima de la delincuencia común, sino también de las fuerzas de seguridad. Luego de la puesta en práctica en julio de 2015 de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” – operación de las fuerzas de seguridad concebida por el Gobierno para abordar los altos índices de delincuencia – aumentaron las denuncias de abuso de poder y violaciones de los derechos humanos.

 

Según un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y de Human Rights Watch publicado en 2016, existen “evidencias significativas […] de que miembros de las fuerzas de seguridad […] han cometido graves abusos. En entrevistas mantenidas con PROVEA y con Human Rights Watch, numerosas víctimas, testigos y otras fuentes describieron violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de

tener nexos con paramilitares”.87

 

El Comité de Familiares de Víctimas, COFAVIC, de manera independiente ha registrado de enero a junio de 2016, 977 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el mismo período de enero a junio de 2015 se habían registrado 590 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento del 66 por ciento.88

 

Se ha denunciado también el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en la represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el año 2016 se registraron aproximadamente 590

 

 

84 Encuesta sobre condiciones de vida Venezuela 2016, Seguridad Personal, https://www.derechos.org.ve/web/wp- content/uploads/UCV-UCAB-USB.-ENCOVI-2016.-Seguridad-personal.pdf

85 La Manipulación de la Violencia, Observatorio Venezolano de Violencia, https://observatoriodeviolencia.org.ve/la-manipulacion-de-la-violencia/

86 Caracas World’s Most Violent City: Report, InSight Crime,  http://www.insightcrime.org/news-briefs/caracas- most-violent-city-in-the-world-2015-report

87 Poder sin Límites, Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, Human Rights Watch, 4 de abril de 2016,  https://www.hrw.org/es/report/2016/04/04/poder-sin-limites/redadas- policiales-y-militares-en-comunidades-populares-y-de

88 https://www.derechos.org.ve/actualidad/cofavic-procedimientos-de-seguridad-ciudadana-ejecutados-por-el-

estado-venezolano-estan-incurriendo-en-crimenes-de-lesa-humanidad

 

 

 

 

 

manifestaciones   al   mes.   La   mayoría   estaban   relacionadas   con   demandas   de   derechos económicos, sociales y culturales, en particular con el acceso a alimentos, salud y vivienda.89

 

Al mismo tiempo, en 2016 se registró el mayor número de asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad en los últimos cinco años, que se elevó a 414 casos, según un informe de la Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO). El informe, publicado en enero de 2017, recopiló datos de la cobertura de noticias y entrevistas con las fuerzas de seguridad.90 El informe señala que el principal motivo de los asesinatos fue el robo de armas de servicio o vehículos, pero también apunta a una creciente indignación contra los abusos cometidos como parte de la

Operación Liberación y Protección del Pueblo.

 

TRÁFICO DE DROGAS

 

De acuerdo con el Informe de la Estrategia de Control de Narcóticos del 2016 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Venezuela «es una de las rutas de tráfico preferidas para las drogas ilegales, predominantemente la cocaína, de Sudamérica a la región del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa, debido a la porosidad de su frontera occidental con Colombia, al deficiente sistema judicial, a la esporádica cooperación internacional en materia de narcotráfico y al entorno permisivo y corrupto».91 La implicación en actividades de narcotráfico llega a los niveles más altos del Gobierno venezolano, así como al círculo familiar

del Presidente.

 

El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Vicepresidente de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, como un «traficante de narcóticos especialmente designado con arreglo a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico Internacional, por tener un importante papel en el narcotráfico internacional». De acuerdo con un comunicado de prensa de ese Departamento, «El principal testaferro de El Aissami, el nacional venezolano Samark José López Bello, también fue designado por proveer asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico y actuar por, o en nombre de El Aissami». El Departamento del Tesoro designó o identificó como propiedad bloqueada 13 compañías que eran propiedad o estaban controladas por López Bello u otras partes designadas, las que constituyen una red internacional que abarca las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el

Reino  Unido,  los  Estados  Unidos  y  Venezuela.92    La  congelación  de  activos  impide  al

Vicepresidente tener acceso a una fortuna estimada en 3.000 millones de dólares.93

 

Según el Departamento del Tesoro, el vicepresidente «facilitó el transporte de narcóticos desde

Venezuela, incluido el control de aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el

 

89 Informe Anual 2016/17: Capítulo Venezuela, Amesty International, https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/

90 http://www.insightcrime.org/news-briefs/venezuela-security-forces-killed-record-numbers-2016

91 2016 International Narcotics Control Strategy Report, US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs,  https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol1/253323.htm

92 Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark

Lopez Bello, United States Department of the Treasury, 13 de febrero de 2017,

93 US sanctions Venezuelan Vice-President and accuses him of being a drug kingpin, Miami Herald, 13 de febrero de 2017,  http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article132494809.html

 

 

 

 

 

control de las rutas de tráfico de drogas a través de puertos venezolanos». En sus cargos anteriores, supervisó o fue propietario de parte de cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidos cargamentos cuyos destinos finales eran México y Estados Unidos. También facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que operan en Venezuela. Específicamente, El Aissami recibió pagos por la facilitación de cargamentos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de cargamentos de drogas destinados a Los Zetas, un violento cartel de drogas mexicano, además de brindar protección al narcotraficante colombiano  Daniel  Barrera  Barrera  y  al  narcotraficante  venezolano  Hermagoras  González

Polanco».94

 

El Aissami es simplemente el último funcionario de alto rango del Gobierno venezolano acusado de narcotráfico. El 1 de agosto de 2016, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra  dos  ex  altos  funcionarios  de  la  agencia  antidrogas  de  Venezuela.  Uno  de  esos funcionarios,  Néstor  Reverol,  había  sido  director  general  del  órgano  de  lucha  contra  los narcóticos y había sido el comandante de la Guardia Nacional de Venezuela.95 Un día después de

que se hiciera pública la acusación, Reverol fue ascendido por el presidente Maduro, que lo nombró nuevo ministro del Interior del país. En la acusación, Reverol y otros co-conspiradores fueron acusados de “conspirar para recibir pagos y recibieron pagos de narcotraficantes a cambio de brindar ayuda a los narcotraficantes en la realización de sus negocios de narcotráfico ilícitos. En concreto, a cambio de los pagos de los narcotraficantes, los co-conspiradores, entre otras cosas: (a) alertaron a los narcotraficantes sobre futuras redadas o sobre lugares en que tendrían lugar actividades de lucha contra el narcotráfico, lo que permitió a los traficantes cambiar a tiempo los lugares de almacenamiento de narcóticos o modificar las rutas o los horarios de transporte, evitando así la detección por parte de las fuerzas del orden; (b) paralizaron o entorpecieron investigaciones en curso sobre narcóticos u operaciones de lucha contra los estupefacientes, permitiendo así que los vehículos cargados de narcóticos pudieran salir de Venezuela; (c) tomó medidas para poner en libertad a personas detenidas por violaciones de las leyes contra los estupefacientes, o sospechosas de actividades relacionadas con el narcotráfico; (d) dispuso el desbloqueo de narcóticos incautados o de dinero relacionado con narcóticos; y (e) impidió la detención o deportación de personas buscadas para ser enjuiciadas en otros países,

incluidos los Estados Unidos», entre otros supuestos delitos.96

 

En noviembre de 2015, dos sobrinos de la primera dama venezolana, Efraín Campos y Francisco Flores, fueron arrestados en Haití por agentes de la Drug Enforcement Administration por conspirar para pasar de contrabando hasta 1.700 libras de cocaína en los Estados Unidos. Un año más tarde fueron declarados culpables por un jurado en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. Cada uno de ellos se enfrenta a 10 años de prisión.97  Este caso puso de relieve

 

 

94 Ibid.

95 U.S. indicts ex-Venezuelan anti-narcotics agency leaders on drug charges, Reuters, 1 de agosto de 2016, http://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-indictment-idUSKCN10C378

96 Indictment CR15-00020, United States District Court, Eastern District of New York, the United States of America against Nestor Luis Reverol Torres and Edylberto Jose Molina Molina.

97 2 Nephews of Venezuela’s First Lady Convicted on Drug Charges in U.S. Court, New York Times, 18 de noviembre de 2016,  https://www.nytimes.com/2016/11/19/world/americas/nephews-of-venezuelas-first-lady-

convicted-in-us.html

 

 

 

 

 

también la participación directa de las fuerzas armadas en el envío y transporte de drogas. Según Insight  Crime  y  otras  fuentes  de  noticias,  los  pilotos  del  jet  que  llevó  a  los  sobrinos  del presidente a Haití eran los miembros de la unidad presidencial de seguridad y transporte – la Casa Militar – Pedro Miguel Rodríguez, teniente coronel en servicio activo en la Fuerza Aérea Venezolana, y el oficial militar Pablo Urbano Pérez.98

 

Por otra parte, el vicepresidente El Aissami es también uno de los principales contactos en América  Latina de organizaciones  extremistas,  según  Luis  Fleischman,  asesor principal  del Centro de Política de Seguridad (CSP) en Washington, DC, quien ha afirmado que «es uno de los principales contactos de Venezuela con Hezbollah».99 El 10 de febrero, CNN y CNN en Español dieron a conocer un informe que revelaba graves irregularidades en la expedición de pasaportes y visados venezolanos, incluidos «alegatos de que se habían emitido pasaportes a personas vinculadas al terrorismo». Durante el transcurso de su investigación, la CNN pudo obtener un

informe confidencial de inteligencia «de un grupo de países latinoamericanos» que «vincula al vicepresidente venezolano El Aissami con la emisión de 173 pasaportes y documentos de identidad venezolanos a personas del Oriente Medio, incluidas personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah».100

 

 

 

RECOMENDACIÓN 5: EXHORTAMOS AL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A ELIMINAR TODA FORMA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y POLÍTICOS RESPECTO AL EQUILIBRIO DE PODERES DEL ESTADO.

 

La falta de separación e independencia de poderes en Venezuela continúa siendo preocupante ya que socava y contraría el estado de derecho, que es la base de un sistema democrático. De acuerdo al artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, dos de los elementos esenciales de la democracia representativa son “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho” y “la separación e independencia de los poderes públicos”101.

 

Durante el período de junio 2016 a febrero 2017, se observaron una serie de hechos que apuntan al incumplimiento de esos principios democráticos contenidos en la CDI. En particular, la colusión del Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y el Poder Judicial y la sistemática invalidación y desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia han contribuido a un escenario donde no existe un estado de derecho en Venezuela102. En lugar de un estado de derecho guiado por los principios de rendición de cuentas, imparcialidad, justicia, acceso igualitario e igualdad ante la ley, existe un Estado que guía sus acciones en función de intereses políticos con un evidente sesgo a favor del partido oficial. El resultado es un régimen

que no garantiza efectivamente los derechos políticos y civiles de la ciudadanía.

 

 

 

98 Venezuela Military Officials Piloted Drug Plane, Insight Crime, 20 de noviembre de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/venezuela-military-officials-piloted-drug-plane

99 US sanctions Venezuelan Vice-President and accuses him of being a drug kingpin, Miami Herald, 13 de febrero de 2017,  http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article132494809.html

100 http://www.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/

101  https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

102 https://www.oas.org/fpdb/press/osg-441.pdf

 

 

 

 

 

Tal  como  lo  expresamos  en  la  Carta  Abierta  a  Leopoldo  López,  “en  Venezuela  no  hay democracia ni estado de derecho”103. Entre los elementos mencionados se destaca el desconocimiento de la separación de poderes y, específicamente, del Poder Legislativo.

 

Un gran número de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales internacionales  y  venezolanas  se  han  pronunciado  en  relación  a  dicha  situación,  haciendo mención de la importancia de promover un Estado basado en leyes y la efectiva separación e independencia de poderes.

 

Por ejemplo, en su Informe Mundial 2017, Human Rights Watch explica que “el poder judicial ha  dejado  de  actuar  como  una  rama  independiente  del  Gobierno.  Miembros  del  Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera  pública  su  compromiso  con  promover  la  agenda  política  del  Gobierno.”104    La invalidación de acciones de la AN por el TSJ a través de resoluciones, que atenta contra la

efectiva separación e independencia de poderes, se menciona también en el informe anual de Amnistía Internacional. En el informe 2016/2017 de esa organización internacional no gubernamental de derechos humanos se señala que “el Tribunal Supremo de Justicia limitó drásticamente mediante resoluciones las facultades de la Asamblea Nacional, en la que la Oposición cuenta con mayoría, lo que entorpecía la capacidad de diputados y diputadas para representar a los pueblos indígenas.”105

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso su preocupación con respecto a la politización del Poder Judicial y al desconocimiento de las competencias de la AN. En junio de 2016, tras la declaración de un segundo decreto de estado de excepción y emergencia económica, la CIDH se pronunció: “la Comisión nota que el decreto en cuestión vulnera el artículo 222 de la Constitución de la República al atribuir a la Presidencia la potestad de decidir la suspensión temporal de la ejecución de ‘sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público’, función de control propia de la Asamblea Nacional. Sumado a lo anterior, preocupa también a la CIDH el desconocimiento de las decisiones de la Asamblea

Nacional mediante el control político gubernamental del Tribunal Supremo de Justicia.”106  En otro comunicado del 25 de octubre de 2016, después de la suspensión indefinida del proceso de recolección  de  firmas  del  referendo  revocatorio  presidencial,  la  Comisión  observó  que  el contexto  de  Venezuela  es  “de  profundo  debilitamiento  de  la  separación  de  poderes  en  el

país…”107.

 

En el Informe The Global Competitiveness Report 2016-2017 del Foro Económico Mundial

(WEF, por sus siglas en inglés), Venezuela obtuvo la posición 138 en la clasificación de 138

103 https://www.oas.org/fpdb/press/osg-441.pdf

104 Human Rights Watch (2017), Informe Mundial 2017, Venezuela: Eventos 2016,  https://www.hrw.org/es/world- report/country-chapters/298568

105 Amnistía Internacional (2017), Informe Anual 2016/2017, https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/

106 CIDH (2016), “CIDH expresa preocupación ante la declaración del estado de excepción y de emergencia

económica en Venezuela”, 1 de junio de 2016, https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/071.asp

107 CIDH (2016), “CIDH y Relatoría Especial condenan cierre de espacios de participación política en Venezuela y alertan sobre impacto en la democracia”, 25 de octubre de 2016,

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/154.asp

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