Es común la queja de los dueños de los establecimientos a los que se les hizo un cambio arbitrario de calcomanías: de la roja a la verde o viceversa, según sean o no ahorradores de energía, y luego les suspendieron el servicio sin ninguna explicación ni la posibilidad de apelar la decisión.
“No hay precedentes de medidas de este tipo que convierte el consumo de electricidad en un delito”, dijo Víctor Poleo, ex director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
“El ahorro se logra mediante un incentivo con las tarifas, no ordenando que se suspenda el servicio, quizás con la intención de amedrentar”, agregó.
Varios de los comercios afectados en Caracas acudieron a Anauco, Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, para exponer su caso. De allí que esta organización prevé ejercer acciones contra esta medida ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“No se descarta que acudamos a organismos internacionales para denunciar esta arbitrariedad”, indicó Roberto León Parilli, presidente de Anauco.
Opinión europea
A criterio del abogado español Luciano Parejo, experto en Derecho Administrativo, el problema eléctrico se convirtió en “lo que juristas llaman estado de necesidad” y por eso se ve obligado a aplicar medidas de racionamiento, pero alerta sobre la improcedencia legal de sanciones como el corte de luz por 24 horas. “Me parece una medida drástica y desproporcionada”, dijo el abogado.
“De acuerdo con los cánones del derecho europeo no se podría imponer de plano una sanción de este tipo porque habría que instruir un procedimiento con acusación y defensa”, añadió.
Las críticas hechas por abogados venezolanos parten de advertir que la decisión de Corpoelec no sólo omitió que no haya iniciado un procedimiento, como sostiene Parejo, sino que también resulta de mayor gravedad porque se tomó sin que exista ley que sancione a los usuarios que se consideren como consumidores de alta energía.
NAD/El Nacional