AIR rechazó limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela

Luego de su 40ª Asamblea General, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) emitió una resolución en materia de libertad de expresión. Con respecto al caso de Venezuela, el organismo decidió «Rechazar cualquier propuesta que tienda a limitar o poner en peligro la libertad de iniciativa y la libertad de expresión, incluyendo la libertad de expresión comercial, e instar a los poderes públicos a que se respeten los principios fundamentales de la Libertad de Expresión, libertad de acceso a la información y derecho a la propiedad, consagrados en las Constituciones de cada país y en los Tratados Internacionales».

A continuación la Resolución:

RESOLUCIÓN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

VISTO:

Que existen en distintos países una proliferación de proyectos normativos que bajo el pretexto de implementar reformas políticas y garantizar la protección de derechos individuales y sociales de distinto orden pretenden intervenir en la actividad desarrollada por los medios de comunicación.

CONSIDERANDO:

1) Que la Libertad de Expresión e información, la libertad de publicidad comercial y la libre iniciativa son premisas fundamentales para una radiodifusión libre, independiente como principio y privada como modelo.

2) Que es esencial contar con un marco normativo estable, siempre con parámetros objetivos compatibles con las Constituciones de cada país y con los Tratados Internacionales, con respecto a los principios fundamentales, al derecho y a la Libertad de Expresión, de prensa, de opinión y a la prohibición de cualquier tipo de censura;

La 40ª Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, reunida en Cádiz, España, resuelve:

Rechazar cualquier propuesta que tienda a limitar o poner en peligro la libertad de iniciativa y la libertad de expresión, incluyendo la libertad de expresión comercial, e instar a los poderes públicos a que se respeten los principios fundamentales de la Libertad de Expresión, libertad de acceso a la información y derecho a la propiedad, consagrados en las Constituciones de cada país y en los Tratados Internacionales.

Cádiz, España, 9 de noviembre de 2010