En este orden de idees, en el acuerdo se considera que la SIP es un órgano que “sirve de instrumento de presión a los intereses de los propietarios de algunos medios de comunicación de América Latina y el Caribe y que no representan los principios que sustentan la libertad de expresión y el sentimiento del periodismo”.
Asimismo, la Asamblea exhorta al Ministerio Público “para que realice todas las investigaciones pertinentes con la finalidad de determinar las responsabilidades penales” a Zuloaga por sus “falsas acusaciones” contra el gobierno.