Así lo expresó presidente de la Comisión Permanente para la Vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos del ente legislativo, diputado Crisanto Ortegano, quien dijo que esta medida es una acción a favor del pueblo.
El 8 de junio el gobernador Isea anunció la expropiación del edificio Don Antonio, ubicado en Maracay, por incurrir presuntamente en una serie de irregularidades en los contratos de arrendamientos hechos a las familias que allí habitan.
La medida fue ordenada por el mandatario aragüeño, debido al desalojo ilegal ejecutado por el propietario del edificio contra los inquilinos, acción que calificó como un “atropello contra la dignidad humana”.
Ortegano explicó que las catorce familias residentes en el citado inmueble están dispuestas a cancelar el precio de los apartamentos al Gobierno estadal, según el costo que arroje el avalúo, porque se trata de una edificación que tiene más de veinte años construida.
Dijo que esta acción reivindica los derechos de los arrendatarios y la lucha del Frente Socialista de Inquilinos, que representa a familias que tienen años viviendo alquilados y son sometidos a los vejámenes de los propietarios de los inmuebles.