“El país está a puertas de una hambruna”. Con esta alerta y tras un encendido debate, la Asamblea Nacional (AN) aprobó ayer un acuerdo para declarar una crisis humanitaria por falta de alimentos. Enfatizaron la necesidad de impulsar la producción nacional de mano con el sector privado y cesar los controles del Gobierno, que apuntan al desabastecimiento y a la escasez.
El acuerdo parlamentario, «mediante el cual se declara la crisis humanitaria y la inexistencia de la seguridad alimentaria», fue aprobado a mano alzada por la mayoría de diputados de la oposición y rechazado por la minoría afín al presidente, Nicolás Maduro.
El jefe de Estado «nada dijo sobre el estado de la seguridad alimentaria» en el informe anual que presentó el mes pasado y su Gobierno tampoco ha presentado un plan gubernamental con políticas que intenten revertir «la inseguridad alimentaria», dice el texto.
Entre las exigencias al Gobierno contenidas en el texto destaca la que le ordena, de manera «perentoria», presentar ante la AN «un plan de seguridad alimentaria» que, entre otras cosas, contemple un calendario de pago de deudas a proveedores extranjeros, en el marco del control estatal de divisas existente desde inicios de 2003.
En el debate antes de la aprobación, diputados chavistas y opositores se responsabilizaron entre ellos por los males causados a la alimentación de los venezolanos, que hacen largas colas para comprar productos básicos. La oposición expuso cifras concretas para demostrar la caída de lo hecho en Venezuela. El oficialismo no dejó de aludir a la “guerra económica” y responsabilizó al sector privado de atacar el estómago de la ciudadanía.
Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), propició la declaratoria de emergencia alimentaria. “¿Cómo fue que Venezuela llegó a ser un país donde el venezolano no puede conseguir lo mínimo para comer?”, preguntó tras presentar el proyecto de ley de Producción Nacional que entrará en la agenda parlamentaria y con la que se preve otorgar incentivos fiscales a los productores.
“Los principales rubros agrícolas cayeron 87 por ciento”, apuntó Andrés Eloy Camejo, diputado de la Unidad, quien dijo que antes la producción nacional abastecía el 70 por ciento del consumo. “Aquí tenemos una hambruna por delante. Todos los inventarios dicen que no hay comida. No hay dólares”.
El oficialista Ricardo Molina dijo que la declaración de crisis humanitaria en el sector de los alimentos constituía un espaldarazo a advertencias de jefes militares estadounidenses de que, solo en casos extremos como ese, Washington consideraría «una intervención». Y alertó que la declaración de la crisis obligaría a Maduro a expropiar Empresas Polar, la principal productora nacional privada de alimentos.
«Hagamos el trabajo completo, científicamente, y nos daremos cuenta de que más de 90 por ciento de la capacidad productiva de alimentos en Venezuela lo tiene la empresa privada», insistió.
Para Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, la oposición se dio cuenta de que cometió un error al negar el decreto de emergencia económica propuesto por el presidente Nicolás Maduro. «Ahora quieren remendarlo con una emergencia alimentaria que no te permite hacer absolutamente nada. El problema es que hay una emergencia económica producto de que dejó de entrar 80 % de los ingresos y esa emergencia requiere de medidas extraordinarias, la única forma de tomar las medidas es con un decreto de emergencia económica».
Bs. 10 mil para medicinas
Por unanimidad. Los diputados oficialistas y opositores aprobaron en primera discusión la ley del Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados. El diputado Miguel Pizarro dijo que se beneficiará a más de tres millones 100 mil personas. “Se acabaron las falsas promesas. Es un proyecto que no sirve con colores políticos”.
El artículo 3 del proyecto señala que el beneficio que propone la ley sería equivalente a 67 unidades tributarias mensuales, es decir, 10.050 bolívares. Esta cantidad sería entregada en «cupones, tickets, tarjetas electrónicas o dinero en efectivo» y efectiva al momento del pago de la pensión o jubilación.