Autoridades temen colapso de calabozos policiales tras orden de la ministra Varela

   Autoridades de algunos  estados del país temen que colapsen los centros de detención policial  abarrotados por la suspensión de los traslados de detenidos a las  cárceles.

A una semana de la primera decisión que tomó la recién  nombrada ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, de suspender  por un mes el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles, algunos  centros de detención preventiva bajo control de policías estatales y  municipales, comenzaron a presentar problemas de hacinamiento,  denunciaron las autoridades.

“Alertamos que ya tenemos ocupado el  80% de la capacidad de los calabozos”, dijo el miércoles el alcalde del  municipio capitalino de Sucre, Carlos Ocariz, al manifestar inquietud  por las consecuencias que está generando la decisión de Varela a la  policía de su municipio, que es uno de los más violentos del país.

La  decisión de la nueva ministra, una ex diputada oficialista, que buscaba  resolver de manera temporal la grave situación de hacinamiento que  presentan las 34 cárceles del país, trasladó ahora el problema a las  comisarías policiales.

Ocariz advirtió en un comunicado que ante  el promedio entre 15 y 20 detenciones en flagrancia que se realizan cada  fin de semana en el municipio de Sucre, “pronto estarán hacinados” los  centros de detención policial.

“Las policías no son centro de  reclusión. Con esta medida se están violando los derechos humanos de los  privados de libertad. La crisis penitenciaria debe ser atendida con  medidas viables”, indicó el alcalde opositor en un comunicado.

“Todas  las policías preventivas municipales y estatales estamos teniendo ese  problema” de hacinamiento, afirmó el jefe de la policía del municipio  Sucre, comisario Manuel Furelos.

El jefe policial dijo a la AP que  la fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el miércoles la creación de  unas “salas de flagrancia” a las cuales trasladarán a los detenidos  preventivamente y descongestionar las comisarías policiales.

“Creo que eso lo van a hacer porque saben que las policías van a colapsar y vamos tener serios problemas”, agregó.

El  director de la policía del estado centro costero de Carabobo, comisario  Pedro Granadillo, también advirtió las dificultades generadas por la  medida de Varela en esa entidad, una de las más grandes del país.

Granadillo  dijo a la AP que en los dos centros de detención preventiva que tiene  la policía de Carabobo hay una capacidad para 30 detenidos, y que ya  “tenemos 10 detenidos por encima eso”.

El jefe policial señaló que  ya alertaron a las autoridades judiciales sobre el abarrotamiento en  las celdas, pero sostuvo que si la suspensión de los traslados a las  cárceles “dura mucho más tiempo esos (centros) pudiesen colapsar”.

La  fiscal general Luisa Ortega Díaz defendió el miércoles la decisión de  Varela asegurando que lo que se busca es “humanizar el sistema  penitenciario y que a las personas que se encuentren privadas de  libertad se les respeten sus derechos”, según un comunicado de su  despacho.

Ortega Díaz negó, en una entrevista en el canal privado  Venevisión, que los órganos de seguridad hayan suspendido las  detenciones de delincuentes para ajustarse a la orden del Ministerio del  Servicio Penitenciario.

La fiscal anunció que para contribuir al  descongestionamiento de los centros penitenciarios se acordó la creación  de “salas de flagrancia”, pero no precisó como funcionarán y donde  estarán ubicadas.

El presidente Hugo Chávez creó el mes pasado el Ministerio del Servicio Penitenciario.

Poco  antes de partir hacia Cuba para someterse a una segunda quimioterapia  Chávez, de 57 años, instó a las autoridades a revisar las leyes  relacionadas con el sistema penitenciario y exigió desmantelar las  “mafias carcelarias”.

En junio, un violento motín de 27 días en la cárcel central de El Rodeo II evidenció los problemas del sector.

Las  autoridades retomaron el control del centro carcelario el 13 de julio,  pero antes de la intervención del penal un grupo de presos logró  escapar.

En Venezuela existen 34 penales  que albergan a 44.520 reclusos, aunque su capacidad es de 12.000  personas, lo que ha generado graves condiciones de hacinamiento.

En  el 2010, 476 reos murieron y 967 resultaron heridos en las cárceles  venezolanas, según reportó la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos. Entre 1999 y 2010 habría muerto un total de 4.506 reclusos y el  número de heridos habría ascendido a 12.518.