A una semana de la primera decisión que tomó la recién nombrada ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, de suspender por un mes el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles, algunos centros de detención preventiva bajo control de policías estatales y municipales, comenzaron a presentar problemas de hacinamiento, denunciaron las autoridades.
“Alertamos que ya tenemos ocupado el 80% de la capacidad de los calabozos”, dijo el miércoles el alcalde del municipio capitalino de Sucre, Carlos Ocariz, al manifestar inquietud por las consecuencias que está generando la decisión de Varela a la policía de su municipio, que es uno de los más violentos del país.
La decisión de la nueva ministra, una ex diputada oficialista, que buscaba resolver de manera temporal la grave situación de hacinamiento que presentan las 34 cárceles del país, trasladó ahora el problema a las comisarías policiales.
Ocariz advirtió en un comunicado que ante el promedio entre 15 y 20 detenciones en flagrancia que se realizan cada fin de semana en el municipio de Sucre, “pronto estarán hacinados” los centros de detención policial.
“Las policías no son centro de reclusión. Con esta medida se están violando los derechos humanos de los privados de libertad. La crisis penitenciaria debe ser atendida con medidas viables”, indicó el alcalde opositor en un comunicado.
“Todas las policías preventivas municipales y estatales estamos teniendo ese problema” de hacinamiento, afirmó el jefe de la policía del municipio Sucre, comisario Manuel Furelos.
El jefe policial dijo a la AP que la fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el miércoles la creación de unas “salas de flagrancia” a las cuales trasladarán a los detenidos preventivamente y descongestionar las comisarías policiales.
“Creo que eso lo van a hacer porque saben que las policías van a colapsar y vamos tener serios problemas”, agregó.
El director de la policía del estado centro costero de Carabobo, comisario Pedro Granadillo, también advirtió las dificultades generadas por la medida de Varela en esa entidad, una de las más grandes del país.
Granadillo dijo a la AP que en los dos centros de detención preventiva que tiene la policía de Carabobo hay una capacidad para 30 detenidos, y que ya “tenemos 10 detenidos por encima eso”.
El jefe policial señaló que ya alertaron a las autoridades judiciales sobre el abarrotamiento en las celdas, pero sostuvo que si la suspensión de los traslados a las cárceles “dura mucho más tiempo esos (centros) pudiesen colapsar”.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz defendió el miércoles la decisión de Varela asegurando que lo que se busca es “humanizar el sistema penitenciario y que a las personas que se encuentren privadas de libertad se les respeten sus derechos”, según un comunicado de su despacho.
Ortega Díaz negó, en una entrevista en el canal privado Venevisión, que los órganos de seguridad hayan suspendido las detenciones de delincuentes para ajustarse a la orden del Ministerio del Servicio Penitenciario.
La fiscal anunció que para contribuir al descongestionamiento de los centros penitenciarios se acordó la creación de “salas de flagrancia”, pero no precisó como funcionarán y donde estarán ubicadas.
El presidente Hugo Chávez creó el mes pasado el Ministerio del Servicio Penitenciario.
Poco antes de partir hacia Cuba para someterse a una segunda quimioterapia Chávez, de 57 años, instó a las autoridades a revisar las leyes relacionadas con el sistema penitenciario y exigió desmantelar las “mafias carcelarias”.
En junio, un violento motín de 27 días en la cárcel central de El Rodeo II evidenció los problemas del sector.
Las autoridades retomaron el control del centro carcelario el 13 de julio, pero antes de la intervención del penal un grupo de presos logró escapar.
En Venezuela existen 34 penales que albergan a 44.520 reclusos, aunque su capacidad es de 12.000 personas, lo que ha generado graves condiciones de hacinamiento.
En el 2010, 476 reos murieron y 967 resultaron heridos en las cárceles venezolanas, según reportó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre 1999 y 2010 habría muerto un total de 4.506 reclusos y el número de heridos habría ascendido a 12.518.