Beatriz De Majo:Se prendió el ventilador

Mientras en Venezuela nadie investiga nada en torno a las comisiones que habría pagado la transnacional Odebrecht en nuestro suelo para conseguir favores en la adjudicación de contratos, en Colombia se ha convertido en un quebradero de cabeza legal y en un drama político de envergadura el establecer la verdad sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que rodean las contrataciones de la empresa.

No es tarea sencilla la de la investigación en Colombia de los tentáculos de Odebrecht que habrían manchado las manos de empresarios y funcionarios desde 2009 hasta 2014, o incluso desde antes, en el cuarto de siglo de permanencia que ya llevan trabajando en el país de al lado. Son 11 las líneas de investigación que actualmente están en curso, de acuerdo con lo señalado por el fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, con lo cual ha conseguido poner de relieve la existencia de todo un entramado corrupto con ramificaciones de todo género que alcanzan a intermediarios lobistas o representantes de la empresa en el país, a funcionarios públicos de las instituciones que otorgaron contratos a la firma, a políticos con capacidad de motivación de decisiones para favorecer a la empresa y a agentes de los partidos políticos que recibieron fondos para la financiación de las campañas presidenciales.

Es que 11 millones de dólares, lo que es el monto reconocido por la empresa para las operaciones de intermediación en Colombia, dan para mucho. Pero así como Odebrecht se ha puesto en evidencia por estos manejos turbios y delitos de corrupción que la descalifican a futuro, hay que decir que en Colombia la Fiscalía se ha estado tomando en serio la tarea de meterle la lupa al intrincado mar de negociaciones que se dieron para que la empresa se alzara con jugosos beneficios a través de contrataciones públicas milmillonarias.

Al fiscal no le ha temblado la mano a la hora de investigar en profundidad no solo aquellas operaciones que se tradujeron en la ejecución de obras de gran calado durante los gobiernos de Juan Manuel Santos. También le han hincado el diente a actividades corruptas que tenían por finalidad asegurarse simpatías políticas útiles a futuro. En este particular terreno han surgido acusaciones de coimas en contra de gentes del gobierno actual involucrados en su segunda campaña electoral como de personeros del partido opositor Centro Democrático para la campaña de su rival Oscar Iván Zuloaga.

Las pesquisas van a ser intensas y los resultados dependerán de lo intrincado de la red armada para materializar cada uno de los sobornos, lo que en cada caso respondió a una estructura diferente. Empresas constituidas en Panamá, bancos ubicados en Andorra, arquitectura financiera estructurada a través de China, operaciones falsas armadas por prestigiosos bufetes de abogados, fueron algunos de los instrumentos creados para blanquear los pagos. A todos ellos el fiscal Martínez les sigue y seguirá la pista hasta dar con los autores e intermediarios.

De todo lo anterior llama la atención la diligencia de la Fiscalía en desentramar este conjunto de visibles hechos delictivos que, sin duda, tienen como artífices a altos personajes públicos, a destacados profesionales y a íconos sociales y políticos del país vecino. Es temprano aún para determinar cómo actuará la justicia frente a ellos. Lo que es ejemplarizante es que al contrario de lo que nos ocurre en esta Tierra de Gracia, en Colombia sí se hayan decidido a verle la raíz al problema para poner en claro hasta dónde llegó Odebrecht en su gesta corruptora y a proceder a castigar con el peso de la ley.

El ventilador ya se encuentra prendido.