Como consecuencia de estas reformas, las comunidades y la ciudadanía en general pierden el poco derecho que aún les queda a estar informadas y a transmitir libremente sus denuncias e inquietudes; derechos que sólo les garantizan las emisoras de Radio y Televisión independientes, como se ha podido constatar recientemente a raíz del desastre ocasionado por las lluvias que afectaron a la mayor parte del territorio nacional.
Lo que se busca con esta acción, es debilitar a las emisoras de radiodifusión privadas e independientes y dejar el monopolio de la información sólo a las emisoras oficiales para así controlar las noticias que llegan a la población y silenciar las denuncias inconvenientes para el Gobierno.
Dichas reformas además prohíben todo tipo de transmisión conjunta, aislando a las regiones, al impedir que la población reciba información a nivel nacional e internacional y la trasmisión de sus contenidos favoritos de entretenimiento y deportes.
Asimismo, acompañamos a las universidades y al movimiento estudiantil en su rechazo al Proyecto de Ley de Universidades.
Lo más grave es que se pretendan aprobar tales proyectos, cuando estamos a menos de un mes para que se instale la nueva Asamblea Nacional, legítimamente electa por el pueblo venezolano el pasado 26 de Septiembre.
¡La voluntad popular debe respetarse!