Al respecto, el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Jesús Luzardo, señaló que, luego de las discusiones legalmente establecidas, con la participación de todos los concejales de dicho órgano legislativo y la presencia de la jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, Gloria Urdaneta, se aprobó la eliminación de esta institución municipal, cuya decisión está basada en las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
“Habrá una junta liquidadora, la cual estudiará el destino de los trabajadores. Esta junta, luego de seis meses, presentará una propuesta a la alcaldesa, quien decidirá si se ejecuta o no dicha ordenanza. Se hará efectiva la eliminación una vez se publique en Gaceta Oficial”, expresó.
El presidente del parlamento local expresó que se ha causado mucho revuelo con esta ordenanza, pero no estamos desacatando la medida cautelar impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo el año pasado, en lo referente a la suspensión de la reestructuración de la Alcaldía y sus entes municipales.
Sin embargo, Luzardo explicó que esta ordenanza “nada tiene que ver con el decreto suspendido, pues según el artículo seis de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, nosotros tenemos la potestad de legislar sobre la supresión de institutos autónomos”.
“Ante las amenazas de los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), nosotros tenemos que correr riesgos y legislar para el bienestar de todos. Los trabajadores no serán tirados a la calle. Buscaremos otros mecanismos para que ellos puedan ser contratados, tal como lo señaló la alcaldesa, bajo la modalidad de cooperativas, brindando sus servicios de limpieza al ayuntamiento”, recalcó.
A juicio de Luzardo, la intención de la alcaldesa Eveling de Rosales no es “dejar a nadie en la calle”, pero “lamentablemente la situación financiera de la municipalidad, no es suficiente para continuar destinando 86 por ciento de sus gastos a los obreros del IMA, siendo esta institución autónoma y descentralizada”.
Bajo la ley
Por su parte, el síndico Procurador Municipal, Jairo Molero, aclaró a la opinión pública que la medida precautelativa interpuesta el año pasado, suspende los efectos de un proceso de reestructuración que no tenía nada que ver con la eliminación del IMA.
“El alcalde no tiene competencia para reestructurar los institutos con autoridad propia. El Concejo Municipal está ejecutando lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, sin estar relacionada esta acción con aquel proceso. En el año 2010 se planteó la reestructuración de la Alcaldía y un estudio de los entes descentralizados. Este decreto decía, en su artículo cuatro, que para hacer esta reformulación de instituciones autónomas, debía ser previamente solicitada por su presidenta o presidente”, señaló.
Molero agregó que la Cámara Municipal se está basando en la Constitución, en la Ley Orgánica de Administración Pública y en las facultades otorgadas por la Ley del Poder Público Municipal a la alcaldesa, para solicitar al cuerpo edilicio la revisión del IMA y su supresión.
En este sentido, el síndico acotó que acatarán las normativas judiciales establecidas, así como la presentación de pruebas para demostrar la legalidad de este procedimiento, ante los organismos competentes.
Actos vandálicos
Previamente a la ejecución de la sesión privada, un nutrido grupo de supuestos trabajadores del barrido manual, quienes decían protestar “pacíficamente” por la eliminación del IMA, arremetieron contra las instalaciones de Polimaracaibo y sus funcionarios, e incluso causaron destrozos en vehículos ubicados en las inmediaciones de este cuerpo policial.
Al respecto, uno de los afectados, quien prefirió no ser identificado, reseñó que se encontraba en la sede del cuerpo policial cuando “varias personas, de forma violenta, lanzaron piedras y botellas al comando e inmediatamente los funcionarios actuaron para evitar el ingreso de estas personas. Mi vehículo se encontraba en medio de la trifulca y recibió daños múltiples”, refirió el agraviado.
Nota de prensa