COLLARES Y PULSERAS AL MAYOR

Carlos Ramirez Lopez: TRUMP -vs- BIDEN, LA BATALLA EN TRIBUNALES

CARLOS RAMIREZ LOPEZ DR LEYCARLOS RAMIREZ LOPEZ DR LEY

Es evidente que la estrategia de Donald Trump consiste en llevar el conflicto electoral hasta la US Supreme Court siguiendo la ruta del caso Bush-Gore. Veamos:

DEBATE TRUMP BIDEN 29 09 2020

DEBATE TRUMP BIDEN 29 09 2020

Se trata de un plan nada fácil porque se requiere de una buena argumentación sobre la violación de un derecho constitucional y sólidas evidencias que lo respalde como ocurrió en el caso de las elecciones del año 2000 que quedaron pendiendo de un hilo entre George W. Bush y Al Gore, y que -como lo expliqué en mi artículo anterior- se resolvió gracias al fallo que se produjo ante un recurso conocido como Writ Certiorari que Bush interpuso ante el Máximo Tribunal pidiendo la anulación de los resultados de un recuento de votos que se realizó en varios Condados de Florida sin un mecanismo uniforme para ejecutarlo, es decir, que las papeletas fueron contadas de manera diferente en los diferentes condados. Esa falta llevó a la aplicación arbitraria de cuáles votos eran nulos y cuáles no lo eran. Este proceder caprichoso produjo resultados que fueron violatorios de la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución. En aquel caso hubo una argumentación sólida debidamente respaldada con pruebas, y, muy importante: los votos que por tales defectos se anulaban eran suficientes como para reconocer la victoria electoral a Bush.

¿EXISTEN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES?

Mucho se dice sobre fraude electoral en esta oportunidad, pero no basta el alegato. Para llevar el caso ante la US Supreme Court se necesita: 1) Demandar la nulidad por ante los tribunales de base donde se cuestionen los resultados, demandas que deben contener señalamientos específicos sobre los hechos irregulares. 2) Que esos tribunales hayan rechazado las demandas. 3) Agotar los recursos de apelación ante los tribunales del estado incluyendo las Cortes Supremas regionales y que estos no hayan sentenciado la nulidad. 4) Entonces es cuando se puede ir con un recurso ante la Corte Suprema bajo el alegato de que los resultados avalados en esos tribunales han constituido violaciones a la Constitución. Esa fue la ruta seguida en el citado caso Busch-Gore

TODO ESTO TIENE UNA FECHA LÍMITE

Esta es la ruta y fechas a ser cumplidas: los gobernadores deben remitir al Congreso un informe de verificación con los totales de los votos certificados en cada estado así como también el nombre de los “compromisarios” que serán quienes emitan el voto final para presidente, esta actividad tiene como límite el 14 de diciembre cuando debe reunirse el Colegio Electoral que en definitiva será el que elija al nuevo presidente. El 6 de enero el Congreso certifica esos resultados.

Todo esto indica que sólo quedan mas o menos 30 días para el ejercicio de las acciones legales dirigidas a impugnar resultados, pero eso no es todo. Para llegar a la Corte Suprema no bastará que algunas de las impugnaciones muestren que podrían hacer variar los resultados, además se requiere que tales variaciones sean suficientes para cambiar los resultados finales a favor de determinado candidato pues de lo contrario sería un trámite inútil.

CÓMO SE ORGANIZA EL ESTADO NORTEAMERICANO

El sistema federal de gobierno de EEUU implica una coexistencia de dos sistemas de justicia, uno regional y otro nacional o federal. Cada estado es como un país independiente, tiene su propio poder legislativo con cámaras de representantes (diputados) y senadores que hacen la ley del estado.

Los estados también cuentan con su propio poder judicial con tribunales de primera instancia o de otras denominaciones. También tienen sus tribunales para la segunda instancia y sus propias cortes supremas. En la cúspide del poder judicial tenemos a la US Supreme Court integrada por nueve magistrados que conocen de pocos casos donde estén en juego temas de interés nacional que guarden relación con los derechos establecidos en la Constitución. En otro artículo ahondaré sobre este tribunal y su historia.

De la misma manera en cada estado hay un poder ejecutivo que encabeza el gobernador y finalmente está el presidente de EEUU quien es elegido no por el voto popular directamente sino en una elección de segundo grado por el Colegio Electoral.

EL PRECEDENTE DEL CASO BUSCH-GORE

Una vez que se ordenó volver a contar los votos ante las dudas que muchos presentaban sobre la verdadera intención del elector, varios Condados se dispusieron a revisar no solo las boletas con marcados irregulares, sino que volvieron hacerlo con la totalidad de boletas que ya estaban escrutadas y contabilizadas como por ejemplo las que tenían doble marcados que eran unas 110.000 en todo el estado de Florida. La Corte asentó en su fallo otro elemento que implicaría la nulidad de la decisión del Tribunal Superior del estado que consistió en la falta de especificación de quién debería efectuar el recuento de las boletas por lo que tal actividad se las fueron adjudicando a juntas escrutadoras especiales que hasta prohibieron a terceros observadores formular objeciones. En resumen la Corte se pronunció en el sentido de que “El proceso de un nuevo cómputo en estas condiciones es inconsistente con los procedimientos mínimos necesarios para proteger el derecho fundamental de cada votante.”

LA PROTECCIÓN IGUALITARIA EN LA CONSTITUCIÓN DE EEUU

En el transcurrir del tiempo se le han venido agregando enmiendas a la Constitución, una de ellas que es la se dictó en el año 1868 en este caso corresponde es la Decimocuarta que estableció “La Protección Igualitaria” según la cual “ningún estado de los Estados Unidos podrá…negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de sus derechos.”

Esta cláusula permitiría el acceso a la intervención de la Corte Suprema en casos donde se denuncie por ejemplo el acceso de observadores a las actuaciones sobre el recuento de votos, o donde no exista un reglamento uniforme para ejecutar dicha actividad que fue lo que ocurrió en el caso Bush-Gore en el año 2000 cuando en los distintos Condados donde se contabilizaban de nuevo los votos sin atenerse a unas normativas únicas para el estado y se permitían interpretaciones diferentes, anárquicas y caprichosas sobre cuando un voto era legal o ilegal.

EL PRECEDENTE DEL CASO BUSH-GORE

Una vez que se ordenó volver a contar los votos ante las dudas que muchos presentaban sobre la verdadera intención del elector, varios Condados se dispusieron a revisar no solo las boletas con marcados irregulares, sino que volvieron hacerlo con la totalidad de boletas que ya estaban escrutadas y contabilizadas como por ejemplo las que tenían doble marcados que eran unas 110.000 en todo el estado de Florida. La Corte asentó en su fallo otro elemento que implicaría la nulidad de la decisión del Tribunal Superior del estado que consistió en la falta de especificación de quién debería efectuar el recuento de las boletas por lo que tal actividad se las fueron adjudicando a juntas escrutadoras ad hoc que hasta prohibieron a terceros observadores formular objeciones. En resumen la Corte se pronunció en el sentido de que “El proceso de un nuevo cómputo en estas condiciones es inconsistente con los procedimientos mínimos necesarios para proteger el derecho fundamental de cada votante.”

La sentencia de la Corte Suprema en el caso Bush-Gore fue producto de un recurso contra la sentencia de la Corte de Florida que ordenaba un nuevo recuento en varios Condados de Florida, esto indica que en este caso Trump-Biden, para llegar a ese punto de la más Alta Corte se necesita que una Corte regional haya dictado un fallo que lesione una normativa constitucional como sería el caso de que convalide un fraude demostrado sin lugar a dudas.

LAS DENUNCIAS DE FRAUDE SISTÉMICO

Hasta ahora lo que más se ha visto son reclamos fundamentalmente relacionados con el voto por correo y en la actividad de recuento sobre lo cual se han intentado varias demandas civiles, pero hay otra línea de actuación que es la de naturaleza penal que se desarrolla a partir de una directriz del Fiscal General William Barr dirigida a todos los fiscales federales para investigar denuncias significativas sobre irregularidades, y seguramente esto guarda relación con el escándalo que está generando la participación de empresas que manejan el sistema electoral a través de medios electrónicos que habrían infectado las máquinas como viene ocurriendo en Venezuela a través de la mafia de Smartmatic. Esto ya son palabras mayores. De comprobarse una maquinación fraudulenta nacional para alterar los resultados, la US Supreme Court podría dictar una sentencia que rompiera los esquemas tradicionales.

Se está denunciando un fraude sistémico con la participación de empresas como Dominion Voting System y Smartmatic junto a Sequoia que habría logrado cambiar el sentido de los votos. De llegar a demostrarse judicialmente tal conjura se produciría un terremoto judicial y político en Estados Unidos de Norteamérica pero de lo contrario, si esas denuncias se quedan en palabras nada cambiará.



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