Santana advirtió, además, que un gran grupo de medicinas ílicitas se comercializan en establecimientos no autorizados por el Ministerio de Salud y sin el correspondiente permiso sanitario, principalmente en kioscos, peluquerías, tiendas de hoteles, bombas de gasolina, buhoneros y en el mercado de Quinta Crespo.
Para la especialista, el ilícito de medicamentos es un problema de salud pública porque limita el acceso de los pacientes al tratamiento que le prescribe el médico y pone en riesgo su vida.
Puntualizó que el delito se produce de dos maneras. El contrabando de extracción, cuando los productos salen de Venezuela hacia otros países o de importación, cuando vienen de otras naciones. La extracción tiene origen en los robos y hurtos que ocurren en el país.
Según las últimas cifras de Caveme, entre 2009 y 2010 se contaron 58 robos en carreteras, que totalizaron 18.379.243 bolívares, y afectó 11 laboratorios. La zona de mayor incidencia de estos delitos fue oriente, donde ocurrieron 13 casos que perjudicaron 5 empresas y significaron pérdidas de 8.500.000 bolívares.
Mientras que el contrabando de importación llega por caminos diferentes a los de la cadena formal, y los medicamentos los comercializan empresas de maletín. Los fármacos se identifican porque no tienen registro sanitario y pudiesen ser falsificados o estar adulterados, expresó.
Santana refirió que el delito se produce con los remedios de muy bajo costo, con precio regulado, pero también con los de alto costo que extraen del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y lo venden a otros países, generalmente a Colombia e islas del Caribe.
“Mercadean medicamentos que al salir de la cadena formal de comercialización escapan de las prácticas y control de calidad determinadas por las autoridades sanitarias, y pueden convertirse en productos deteriorados o degradados que afectan la salud de los pacientes”, enfatizó.
Estado, comerciantes y pacientes sufren las consecuencias
Asimismo, Santana indicó que el contrabando de medicamentos trae consecuencias al Estado porque tiene que hacer más inversiones en salud para cubrir las pérdidas de medicamentos. Los fabricantes y distribuidores también son afectados por las cuantiosas pérdidas económicas y por las fallas de inventario que se generan en el mercado, que no se pueden reponer rápidamente, en virtud de que cuando se recupera un lote este es destruido y no se vuelve a comercializar.
No obstante, el más perjudicado es el paciente que debe afrontar problemas de acceso al medicamento cuando los robos producen escasez, y no pueden obtener un tratamiento completo.
Con información de El Nacional