Hasta ahora, no existen cifras concretas sobre el tamaño de este mercado ilegal. El presidente alterno del Comité Consultivo Permanente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, ingeniero Franklin Merchán, señaló que sólo en Colombia son hurtados o robados 1,5 millones de aparatos al año. En Venezuela, datos de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones indican que esto ocurre con 1,2 millones de teléfonos en el mismo lapso.
“Este es un tema de mucha vigencia. En Colombia, Venezuela y Ecuador los usuarios están siendo víctimas de esta problemática”, afirmó Merchán.
Hasta ahora, en la policía judicial no han investigado la conformación de estas redes criminales. No obstante, un funcionario expresó que el principal destino de los aparatos es Colombia, por razones geográficas. Los teléfonos son vendidos bajo el rótulo de “reformado” (refurbished, en inglés) o usado, a un precio inferior que el correspondiente al aparato nuevo.
El consultor en informática y ex hacker Rafael Núñez, aseguró que los celulares robados son reprogramados mediante una aplicación, que al ser activada permite la asignación de un nuevo IMEI (International Mobile Equipment Identity).
Esta es una secuencia de números y puntos descrita como la “huella dactilar” del aparato.
En el caso de los Blackberry, los IMEI permanecen en las bases de datos de las operadoras telefónicas y de la empresa canadiense Research in Motion, poseedora del sistema de comunicaciones por PIN.
Núñez señaló que algunas empresas o locales ofrecen el servicio de “desbloqueo” de celulares, cuando en realidad lo que hacen es reprogramar el teléfono para ocultar su origen ilícito y permitir que el usuario pueda utilizarlo.
Buena fe. Los dueños de los teléfonos muchas veces desconocen que el aparato llegó a sus manos luego de un robo.
Pero Núñez indicó que esto queda en evidencia cuando el servicio de PIN es inhabilitado.
Explicó que cada tres meses, la empresa canadiense hace un barrido para detectar y desconectar los IMEI que no estén debidamente registrados.
Merchán sostiene que las operadoras telefónicas deberían llegar a acuerdos para impedir que los teléfonos robados en un país sean utilizados en otros. Pero de acuerdo con fuentes policiales, la gran dificultad radica en que las operadoras suelen negarse a compartir las bases de datos.
Para la realización de este trabajo se intentó contactar a José María de Viana y a Carlos Sanoja, presidente y ex presidente de la Cámara de Servicio de Telecomunicaciones, respectivamente, organización que agrupa a todas las operadoras del país. No obstante, en esta institución indicaron que todavía no se pronunciarán sobre el efecto que podría tener la providencia administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, referida al registro y desactivación de teléfonos extraviados o robados.