«Dicha medida fue interpuesta dada la seriedad de los alegatos presentados por la defensa del parlamentario privado de manera ilegítima de su libertad, con las cuales se estimó que existe una ‘situación grave’ de riesgo para los derechos a la salud, vida e integridad personal» de Requesens, dice PJ en un comunicado.
En el texto, aseguran que la CIDH le solicita al Gobierno de Maduro cumplir con la medida de forma «inmediata» y que concedió un plazo de 15 días para ello.
Además, señalan, que en el documento del organismo se establece que todo aquel funcionario del Gobierno que «se oponga a ello incurrirá en responsabilidad personalísima» y que también pidió que «una organización internacional independiente verifique las circunstancias de salud en las que se encuentra el diputado».
El partido agradeció a la CIDH por velar por los derechos del parlamentario y señaló que esto «reafirma» que los venezolanos no están solos y que «la presión internacional» ayuda a proteger «los derechos de toda la ciudadanía y a propiciar el quiebre» dentro del Gobierno.
Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto acusado de ser cómplice del atentado con drones que se produjo el 4 de agosto mientras Maduro daba un discurso por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Tres días después, el Gobierno difundió un video en el que se escucha a Requesens confesar que ayudó a ingresar al país a uno de los organizadores del ataque atendiendo a una solicitud del expresidente del Parlamento Julio Borges, quien se encuentra como refugiado en Colombia.
La oposición ha denunciado que este material fue obtenido por «coacción».
Su familia y abogado, que aseguran solo han podido verlo en una ocasión y califican su detención como «secuestro».