La funcionaria asegura que el organismo cumple una planificación operativa anual, la cual incluye el número de actuaciones correspondientes. Las actividades dependen de las áreas susceptibles de auditoría, de acuerdo con la inversión presupuestaria que haya tenido el estado cada año, así como del impacto de las obras.
Explica que se ejerce control sobre un total de 47 dependencias que conforman la administración del Ejecutivo y el Legislativo, entre sus institutos autónomos, fundaciones, corporaciones, así como todas las direcciones de la Gobernación, incluyendo el despacho del gobernador.
-¿Por qué hasta ahora solo se han presentado responsabilidades administrativas sobre la gestión de Enrique Mendoza?
-La determinación de responsabilidades administrativas se cumple en 19 pasos, y la investigación requiere un procedimiento para establecer la potestad investigativa y varios lapsos para la elaboración de los informes preliminares y definitivos. Todo eso se cumple en 292 días hábiles. Sin embargo, hay averiguaciones que se siguen de forma paralela, de acuerdo con las denuncias presentadas por las partes interesadas.
-¿Cuáles son las investigaciones concluidas de estos primeros seis meses de 2010?
-De acuerdo con los actos orales ya concluidos logramos establecer responsabilidades administrativas sobre manejos inadecuados de recursos en siete instituciones que funcionaron durante los años 2002 a 2004. El séptimo caso resultó absuelto por la validez de sus alegatos y nos quedan pendientes doce notificaciones más para su conclusión. Este año se establecieron multas por 87.887 bolívares fuertes y reparos por 952.291,29 que tienen que ser reintegrados a las arcas del Gobierno de Miranda.
-¿Quién es el organismo encargado de velar por el cumplimiento en el pago de esas multas y reintegros?
-El seguimiento lo hace el Ministerio Público, pero el dinero debe ingresar a la Tesorería del estado, de acuerdo a los plazos establecidos por él o los responsables y él o los sancionados. Creo que esos montos podrían solventar buena parte de los problemas presupuestarios que enfrenta el Ejecutivo.
–¿En qué fase se encuentra la solicitud de investigación hecha por el procurador Rafael Guzmán sobre presuntos ilícitos durante la gestión de Diosdado Cabello?
-Se encuentran en la fase de elaboración de informes preliminares y notificaciones, así como en la presentación de alegatos. Tenemos dos de los casos sujetos a investigación, cuyos informes definitivos están programados para el último trimestre de este año. Mi gestión no está sujeta a la diatriba política. Se establecerán las responsabilidades que sean necesarias o ha lugar.
-¿Por qué la Contraloría está fomentando proyectos para discapacitados, tal como deben hacer los organismos encargados de las políticas públicas?
-La Contraloría de Miranda responde a los lineamientos de la Contraloría General de la República, cuyas funciones van más allá de las auditorías. Tenemos varios programas de formación para los funcionarios públicos, los consejos comunales, escolares, abuelos y hasta niños. El desorden es el caldo de cultivo para la corrupción y con nuestros talleres sobre ética y conocimiento de la gestión pública pretendemos concientizar sobre la labor del servidor público y sus responsabilidades. Los proyectos para discapacitados son una obligación de ley y estamos estimulando a los consejos comunales, en tanto reciben recursos, para que contribuyan con el bienestar de esta población.
Se informó que los funcionarios responsables de malas gestiones públicas son susceptibles de recibir multas, que son sanciones pecuniarias por uso indebido de recursos, pero también se les puede imponer reparos, que son los reintegros correspondientes a la no justificación de los dineros otorgados. Durante 2009 se impusieron multas por 36.218 y reparos por 376.242 bolívares fuertes.