El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió, la tarde de este viernes 16 de junio, un comunicado en el que señala que “en Venezuela hoy, el Gobierno de Maduro ha socavado implacable e intencionalmente a otros poderes Constitucionales del gobierno desde el interior”.
La declaración llega un día después que el presidente Nicolás Maduro le respondió al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien acusó a Miraflores de “abuso de poder”.
“Debemos todos elevar nuestras voces para condenar al Gobierno de Venezuela por su abuso de poder y el abuso de su propia gente, y debemos hacerlo ahora”, había indicado Pence este jueves desde Miami.
Como respuesta, Maduro aseveró horas más tarde: “Tenemos nuestras reglas y nuestra Constitución. Tenemos nuestros problemas, algunos los vamos resolviendo, otros nos cuesta, pero son los asuntos de los venezolanos”, dijo en Fuerte Tiuna el Jefe del Estado durante un acto de condecoraciones a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Entonces el imperialismo nos ha querido aplicar su viejo manual de golpe de Estado para intervenir los países. Es un manual que ha fracasado en Venezuela, en todas las coyunturas que nos las han aplicado”.
“Y yo le digo al vicepresidente de Estados Unidos: Saque sus narices de Venezuela, volvieron a fracasar en Venezuela, en Venezuela no va a haber intervención gringa, ‘yankee’ o imperialista, en Venezuela lo que viene es paz, democracia, elecciones y Constituyente”, dijo el primer Mandatario Nacional quien ha reiterado que ningún gobierno internacional intervendrá para manejar la situación venezolana.
En el comunicado, el departamento de Estado informó además: “Maduro depende cada vez más de los militares de Venezuela para controlar la economía, intimidar a los opositores y suprimir el descontento popular”.
“Más de 331 civiles venezolanos están siendo detenidos y enjuiciados por tribunales militares en juicios secretos. Sin embargo, el Artículo 261 de la Constitución de Venezuela, estipula explícitamente que la jurisdicción de los tribunales militares se limita a delitos de carácter militar. La propia Fiscal General de Venezuela, nombrada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2007, condenó los juicios”.
A continuación el comunicado completo emitido por la diplomacia estadounidense:
U.S. DEPARTMENT of STATE
Washington, DC
Junio 16, 2017
Las Américas deben defender la democracia de Venezuela con diplomacia
- La diversa familia de naciones de las Américas reconoce que la democracia es una parte de nuestro ADN colectivo. Hace dieciséis años, en el Perú, consagramos este principio con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, ratificando el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y obligando a nuestros gobiernos a defender ese derecho.
- La Organización de los Estados Americanos nos ha proporcionado durante décadas un foro para debatir nuestros mayores desafíos y actuar juntos para abordarlos. El desafío que tenemos ante nosotros hoy es la vertiginosa desaparición de la democracia en Venezuela.
- En el pasado, la OEA ha respondido eficazmente a los golpes de Estado militares que usurparon, o trataron de usurpar, el poder de gobiernos elegidos democráticamente. Mientras que esos golpes militares se desvanecen cada vez más en el pasado, las lecciones más complicadas del “autogolpe” del régimen de Fujimori en Perú -cerrando el Congreso, cooptando al poder judicial y militar para mantener el poder bajo una nueva constitución- han llevado a la creación de la pionera Carta Democrática Interamericana.
- En Venezuela hoy, el Gobierno de Maduro ha socavado implacable e intencionalmente a otros poderes Constitucionales del gobierno desde el interior.
- Desde que los partidos de la oposición ganaron la mayoría de los escaños en 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido sofocada sistemáticamente por el gobierno de Maduro. Citando alegatos vagos y no probados de fraude electoral presuntamente cometidos por tres legisladores, el gobierno ha negado al poder legislativo el derecho de aprobar leyes y el poder judicial cautivo ha declarado al Congreso de Venezuela “en desacato”, despojándolo de toda autoridad legislativa. Maduro usurpó el derecho de la Asamblea Nacional a nombrar nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, en clara violación del Artículo 296 de la constitución de Venezuela.
- Cuando el pueblo venezolano trató de hacer rendir cuentas a su gobierno poniendo el liderazgo de Maduro bajo votación a través de un referéndum revocatorio, el gobierno se escudó nuevamente detrás de vagas acusaciones no probadas de fraude para postergar el referéndum; y cuando quedó claro que el gobierno perdería, se incorporaron a un diálogo fallido. El artículo 72 de la Constitución de Venezuela establece claramente que todos los cargos públicos cubiertos por el voto popular están sujetos a revocación -un concepto que el ex presidente Chávez defendió vigorosamente para responsabilizar a los gobiernos que olvidan las necesidades de su pueblo. De hecho, Chávez ganó y perdió referendos; Maduro sofocó uno.
- Maduro depende cada vez más de los militares de Venezuela para controlar la economía, intimidar a los opositores y suprimir el descontento popular. Más de 331 civiles venezolanos están siendo detenidos y enjuiciados por tribunales militares en juicios secretos. Sin embargo, el Artículo 261 de la Constitución de Venezuela, estipula explícitamente que la jurisdicción de los tribunales militares se limita a delitos de carácter militar. La propia Fiscal General de Venezuela, nombrada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2007, condenó los juicios.
- El gobierno de Maduro ha tenido todas las oportunidades para poner fin a su alejamiento de la democracia. El pasado mes de noviembre, en conversaciones moderadas por el Vaticano, prometió en una declaración conjunta con la oposición política que permanecería “estrictamente dentro del marco constitucional: una vía democrática, pacífica y electoral”. Sorprendentemente, el régimen no implementó ninguno de sus compromisos públicos derivados de las conversaciones y, en su lugar, ha seguido saboteando la democracia de Venezuela.
- Frente a una economía que se desmorona y a una insatisfacción popular masiva, el régimen de Maduro está destruyendo los últimos vestigios del orden democrático. El gobierno ha pedido una asamblea constituyente que abandone la constitución de Chávez y escriba una nueva en un proceso que eliminaría instantáneamente a la actual Asamblea Nacional, a la Fiscalía General y a otras instituciones existentes, pisoteando el sufragio popular y otras exigencias constitucionales.
- Cuando un gobierno rompe con la democracia, debemos actuar en solidaridad con su pueblo. No a través de la intervención o la interferencia, sino con la diplomacia y la mediación entre todas las partes, para ayudar a encontrar una solución pacífica, democrática y completa.
- Debemos preguntarnos: ¿si estas cosas estuvieran ocurriendo en nuestros propios países, no querríamos que el resto de nuestra familia de naciones americanas hablara y se nos acercara para ayudar a restaurar las libertades democráticas fundamentales y el respeto por las instituciones constitucionales?
- Los efectos indirectos de la crisis venezolana son graves y crecientes, ya se trate de los flujos de migrantes irregulares a países de nuestra región o de los crecientes flujos de armas y actividades delictivas que afectan al Caribe en particular. Todos nuestros países tienen un interés directo en encontrar una solución negociada que restaure el estado de derecho y la prosperidad económica a nuestro vecino en problemas.
- La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos es el lugar para que nos unamos como región y actuemos para impulsar las negociaciones en Caracas con el fin de volver al respeto por la democracia, poner fin a la violencia polarizadora y ayudar al pueblo venezolano a recuperar sus derechos y su poder.
U.S. DEPARTMENT of STATE
Washington, DC
June 16, 2017
The Americas Should Defend Venezuela’s Democracy with Diplomacy
The diverse family of nations in the Americas recognizes democracy is a part of our collective DNA. Sixteen years ago in Peru, we underscored this principle with the adoption of the Inter-American Democratic Charter, affirming the right of the peoples of the Americas to democracy and obligating our governments to defend that right.
The Organization of American States, whose General Assembly Secretary of State Tillerson will attend in Mexico, has for decades provided us a forum to discuss our greatest challenges and take action together to address them. The challenge before us today is the death spiral of democracy in Venezuela.
The OAS has historically responded effectively to military coups which usurped, or sought to usurp, power from democratically-elected governments. While such military coups thankfully recede evermore into the past, the more complicated lessons of the Fujimori regime’s “self-coup” in Peru – shuttering the Congress, co-opting the judiciary and military in order to maintain power under a newly imposed constitution – informed the creation of the path-breaking Inter-American Democratic Charter.
In Venezuela today, the Maduro Government has relentlessly and intentionally undermined other Constitutional branches of government from the inside.
Since opposition parties won a majority of seats in 2015, Venezuela’s National Assembly has been systematically smothered by the Maduro government. Citing vague, unproven claims of electoral fraud allegedly committed by three legislators, the government has denied the legislative branch the right to pass laws and the captive judiciary has declared Venezuela’s Congress “in contempt,” stripping it of all legislative authority. Maduro usurped the right of the National Assembly to appoint new members of the National Electoral Council, a right clearly provided for in Article 296 of Venezuela’s constitution.
When the Venezuelan people tried to hold their government accountable by putting Maduro’s leadership to a vote through a recall referendum, the government again hid behind vague, unproven claims of fraud to delay the referendum; and, when it became clear the government would lose, it engaged in a failed dialogue. Article 72 of Venezuela’s constitution clearly stipulates that all public offices filled by popular vote are subject to revocation – a concept former President Chavez defended vigorously in order hold to account governments that forget the needs of their people. Indeed, Chavez both won and lost referenda; Maduro squelched one.
Maduro increasingly relies on Venezuela’s military to control the economy, intimidate opponents and suppress popular discontent. More than 331 Venezuelan civilians are being held and prosecuted by military courts in secret trials. Yet Article 261 of Venezuela’s Constitution clearly states that the jurisdiction of military courts is limited to offenses of a military nature. Venezuela’s own Attorney General, appointed by then-President Hugo Chavez in 2007, has condemned the trials and been refused access to the prisoners.
The Maduro government has had every opportunity to end its march away from democracy. Last November, in talks overseen by the Vatican, it promised in a joint declaration with the political opposition that it would remain “strictly within the constitutional framework: one democratic, peaceful and electoral path.” Remarkably, the regime failed to implement any of its public commitments under the talks and has instead continued to sabotage Venezuela’s democracy.
Faced with a crumbling economy and massive popular dissatisfaction, the Maduro regime is now destroying the last vestiges of the democratic order. The government has called for a constituent assembly to abandon Chavez’ constitution and write a new one in a process that would instantly wipe away the current National Assembly, the Attorney General and other existing institutions, trampling on popular suffrage and other constitutional requirements.
When a government breaks with democracy, we must act in solidarity with its people. Not through intervention or interference, but with diplomacy and mediation among all parties to help find a peaceful, democratic, and comprehensive solution.
We must ask ourselves: if these things were happening in our own countries, would we not want the rest of our American family of nations to speak out, and reach out, to help restore fundamental democratic freedoms and respect for constitutional institutions?
The spillover effects from Venezuela’s crisis are serious and growing, whether it is irregular migrant flows to countries in our region or the increasing flows of arms and criminal activity that affect the Caribbean in particular. All our countries have a direct stake in finding a negotiated solution that restores the rule of law and economic prosperity to our troubled neighbor.
The General Assembly of the Organization of American States is the venue for us to unify as a region and act to foster negotiations in Caracas to return to a respect for democracy, end the polarizing violence, and help the Venezuelan people reclaim their democratic rights and their power.
