Ramón José Medina explicó que la convocatoria del Consejo Permanente fue realizada por el secretario general José Miguel Insulza, que recientemente fijó posición en contra de la habilitación legislativa que concedió la extinta Asamblea Nacional a Chávez por un lapso de 18 meses.
Ante varios medios de comunicación, Insulza dijo que la Habilitante es contraria a la Carta Democrática Interamericana: “No me parece que pueda aceptarse como democrático el que un congreso que se va pueda atarle las manos al congreso que llega, pues ¿qué sentido tiene que la gente elija un congreso que fue concurrido y que todo el mundo validó, para que inmediatamente después se diga que ese congreso que acabamos de elegir no va a tener mucho que decir porque el Presidente va a gobernar por decreto durante 18 meses?”.
Medina, junto con Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo), Ismael García (Podemos) y Luis Aquiles Moreno (Acción Democrática), integra la comisión de la Mesa de la Unidad Democrática que promueve la intervención de la OEA frente a las presuntas violaciones de la Carta Democrática Interamericana por parte del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Estarán en Washington mañana para entrevistarse con Insulza y con el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Santiago Cantón, a quienes entregarán un documento que resume las más controversiales ejecutorias gubernamentales después del 2 de diciembre de 2007, cuando la mayoría del electorado venezolano rechazó la reforma de la Constitución para instaurar un Estado socialista. Además tienen previsto reunirse con varios embajadores ante la OEA.
“En el documento se detallan las constantes violaciones a la Constitución después del 2-D, con particular énfasis en la imposición, también por vía Habilitante, de leyes con el contenido de la reforma constitucional rechazada.
En segundo lugar, la reforma del sistema electoral que permitió una reorganización de los circuitos para frustrar el deseo de un Poder Legislativo plural expresado por 52% de los votantes. Y, quizás lo más relevante, el nuevo desconocimiento de la voluntad popular expresada el 26 de septiembre para anular la incorporación de 65 diputados de oposición a la nueva Asamblea Nacional, mediante la habilitación para legislar concedida a Chávez en los últimos días de la anterior legislatura”, precisó el dirigente de la MUD.
Ramón José Medina restó importancia a las advertencias del diputado del Parlamento Latinoamericano Calixto Ortega, que dijo que la oposición tendría que pagar por los daños que puedan causar al país ese tipo de gestiones internacionales, por ejemplo, sobre los bonos de la deuda pública.
“Eso es culpa del Gobierno, que ha confesado su desesperación por obtener recursos, y no de los venezolanos que reclamamos el cumplimiento de la Constitución”.