CUBA Elimina la palabra COMUNISMO y reconoce la propiedad privada despúes de 60 años

LA HABANA

La mala salud crónica de la economía cubana ha empeorado en los últimos dos años por la crisis en Venezuela, que ha recortado drásticamente los envíos de petróleo subsidiado, y el giro hostil de Washington hacia La Habana tras la llegada de Donald Trump, quien ha recrudecido el embargo que su país mantiene sobre Cuba.

Renunciar al término comunismo en la nueva Carta Magna que debate desde hoy el Parlamento del país caribeño «tiene poco impacto político pero en lo ideológico alivia la discusión sobre las reformas entre las élites políticas y las bases», señaló a Efe el analista cubanoamericano Arturo López Levy, catedrático de la Universidad de Texas.

«Muchas de las reformas ya implementadas y otras de las que están programadas refuerzan la desigualdad en el país. El reto político más importante de la implementación de las reformas es el incremento de la desigualdad y de la corrupción», señaló, y agregó que sacar de escena el comunismo impide «que las bases te puedan cuestionar».

En Cuba, el término «reformas» se refiere a las medidas aperturistas impulsadas por Raúl Castro (2008-2018) para atraer inversión extranjera e impulsar -aunque bajo un férreo control- el sector privado para aliviar las abultadas plantillas estatales.

Para el disidente de izquierda moderada Manuel Cuesta Morúa, el cambio de nomenclatura «indica cierto realismo, cierta adaptación a lo que está pasando en el mundo y en Cuba», aunque sin obviar que el Partido Comunista sigue siendo el único legal.

«Puede ser interpretado como una buena señal, hacer una Constitución realista y no utópica. Pero dudo de si vamos a terminar con una constitución o con un programa constitucional de un partido político al final del día», cuestionó.

Además, una vez que la reforma se someta a referendo, «habría que ver hasta dónde el Gobierno admite las propuestas que están siendo cocinadas por muchos ciudadanos en la isla, de abrir más la sociedad al pluralismo político, reconocer derechos fundamentales, reconocer a Cuba como un estado de derecho», sostuvo.

Otra novedad destacada del anteproyecto, la creación de un primer ministro al frente del Ejecutivo, refuerza cuán «en juego está agilizar la aplicación de las reformas», consideró López Levy.

El catedrático descartó que la institución de ese cargo implique una pérdida de poder del presidente, Miguel Díaz-Canel, quien recordó que sucederá a Raúl Castro al frente del PCC en 2021.

«Se trata de crear una división funcional, no de una división de poderes. Los asuntos del día a día caen en el primer ministro mientras que las decisiones fundamentales estratégicas -política exterior, defensa y los principales programas de desarrollo-. Es un liderazgo más colectivo», opinó.

Esa fórmula permitiría, a su juicio, agilizar la toma de decisiones y el ahora largo y burocrático proceso de toma de decisiones, lo que repercutirá en la velocidad de aplicación de las acuciantes reformas.

Cuesta Morúa, sin embargo, traduce esta novedad en clave política, como «una modernización del estado acorde con cómo funcionan los sistemas políticos en otros países», como China.

«Esa modificación de la estructura del estado es interesante siempre y cuando reconozca de alguna manera la ciudadanía política de los cubanos, que no parece estar muy claro. Que todos los ciudadanos puedan ser nominados, electos, aunque no pertenezcan al PCC», comentó.

Además, apuntó que la llegada de un primer ministro «podría tener un impacto en la reforma de la ley electoral», otro asunto pendiente en Cuba «para ver cómo se determina la elección de la presidencia de la República».

Sobre la composición del nuevo Consejo de Ministros anunciado hoy, en el que permanecen la mayoría de los titulares designados por Raúl Castro en la anterior legislatura, López Levy indicó que «obedece a la lógica de mantener los controles de los hilos estratégicos como la defensa y la seguridad interna».

Pero a la vez, la llegada de algunas caras nuevas al sector del consumo «crea espacio para un equipo que vaya implementando las reformas con mayor vigor», aseveró.

Entre ellos, el nuevo ministro de Economía, Alejandro Gil, cuyo mérito es «haber desarrollado cierto conocimiento y capacidad técnica en el área de las reformas, por lo que se podría esperar cierta aceleración».

En la misma línea, Cuesta Morúa subrayó que la llegada de un rostro desconocido como Gil «conecta con el hecho de que van a abrirse un poco más a la inversión extranjera y probablemente un rostro conocido no era alentador para un sector de la economía que es sensible».




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