Tras la juramentación por parte de la Asamblea Nacional de los nuevos magistrados al TSJ, éste último, a través de su Sala Constitucional, declaró que los órganos civiles y militares deben ejecutar las acciones necesarias para enfrentar la supuesta usurpación de cargos en la que incurrieron los 33 jueces que fueron deignados como magistrados este viernes en horas de la mañana por la Asamblea Nacional.
“La sala declara que corresponde a las autoridades civiles y militares ejecutar las acciones de coerción a fin de mantener la paz y la estabilidad”, señaló Juan José Mendoza, magistrado del TSJ.
“Al realizar ese acto írrito estamos en presencia de un delito en flagrancia permanente. Estos ciudadanos no solo cometieron el delito de usurpación de funciones, sino traición a la patria”, agregó el juez sobre los parlamentarios, que considera también incursos en el delito de traición a la patria.
Mendoza explicó que el delito de traición a la patria está tanto en el Código Penal de Civiles como en el Código Penal de los militares. Aseguró que las penas están establecidas en ellos y queda en competencia de las autoridades tomar acciones al respecto.