Deporte profesional teme debilitamiento por nueva ley

   Las limitaciones que impuso la recién aprobada ley del deporte al patrocinio privado generó el miércoles preocupación entre los representantes de las ligas profesionales en Venezuela, que temen el debilitamiento del sector por efecto de la nueva regulación. El ministro del Deporte, Héctor Rodríguez, desestimó el miércoles las críticas contra la ley, y aseguró que la regulación permitirá la «masificación» del deporte en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó el martes por mayoría una ley del deporte que impulsó el gobierno para establecer las bases para la educación física, y regular la promoción, organización y administración del deporte como un servicio público. La nueva regulación fue sancionada luego de varias semanas de debate y protestas de algunos deportistas y las ligas profesionales de béisbol, fútbol y baloncesto, que exigían que sus propuestas fueran escuchadas, lo que obligó a los diputados a abrir diálogos para lograr una ley por consenso. A pesar de las conversaciones que mantuvieron los congresistas con todos los sectores, la Asamblea Nacional «sorprendió» a las ligas profesionales cuando incluyó una regulación que prevé que los aportes que dan las empresas privadas para el patrocinio de las diversas disciplinas deben regirse por los lineamientos del estatal Instituto Nacional del Deporte (IND), indicó el presidente de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, José Grasso. «El tema del patrocinio es…

«El tema del patrocinio es una preocupación, y de verdad que eso no iba a ser cambiado ayer. Nos sentimos sorprendidos con ese cambio», dijo Grasso al manifestar el malestar del béisbol profesional por los controles que se impuso al patrocinio privado.

El directivo expresó a la AP que el establecimiento de «mecanismos de filtro» al financiamiento privado del deporte local pudiera ponerle «trabas a esos aportes», y es por ello que las ligas profesionales locales insistirán para que ese punto sea revisado por los congresistas.

«El patrocinio (privado) representa para unos equipos cerca del 70% de los ingresos», dijo Grasso.

Al ser consultado sobre el impacto que podría tener la regulación para el deporte profesional en Venezuela, Grasso dijo que «si el patrocinio se ve de alguna forma restringido y limitado, nosotros nos debilitamos y eso nos causa en el tiempo un daño».

El presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), Eduardo Alvarez, también manifestó inquietud por los controles que se impusieron al patrocinio privado, y dijo a la AP que se pueden orientar y normar los recursos de manera «bien definida» pero con controles de las propias empresas.

«No estamos muy de acuerdo que se pase por una alcabala (punto de control) de donde van ser destinados esos recursos», agregó Alvarez.

Rodríguez descartó que la ley «colide con la existencia de ligas profesionales», e indicó que el gobierno incluso ha promovido la creación de ligas profesionales.

El ministro dijo a la televisora estatal que la ley se elaboró «en función de nuestras circunstancias», y que tiene como objetivos la «masificación» del deporte, y «elevar el nivel competitivo de Venezuela».

El presidente del COV indicó que independientemente de la parte del patrocinio privado, la nueva ley contempla «aportes bien importantes» en relación a la atención integral del atleta, la educación física y la creación de un tribunal de justicia deportivo.

En relación con las regulaciones que planteaba inicialmente el proyecto de ley sobre la designación de los líderes de las federaciones deportivas —que había sido objetadas por la FIFA, el COI y la Conmebol— Alvarez dijo que esos artículos fueron modificados en la versión final de la ley.

El directivo explicó que la ley remitió a las propias organizaciones «la elaboración de los estatutos para que estos sujetos de ley puedan participar en los procesos eleccionarios, democratizando lo que tiene ver los procesos de cada una de las federaciones y asociaciones deportivas».

La nueva ley contempla la creación de un Fondo Nacional para el Deporte que recibirá un aporte del 1% de la utilidad neta de todas las empresas que superen los ingresos por un monto equivalente a 353.488 dólares.

La cuota de 1% será divida en dos porciones: una de 0,5% que irá obligatoriamente al Fondo; y la otra de 0,5% que será otorgada por las empresas bajo los lineamientos que establecerá el IND.