Según un reporte policial, la ofensiva contra la minera ilegal fue ordenada por el presidente Juan Manuel Santos y los procedimientos, en los cuales se detuvo a 46 personas, fueron realizados en el departamento norteño de Córdoba.
La Policía informó, además, que sólo en los últimos tres días, las autoridades ocuparon y cerraron 20 puntos de minería ilegal en la zona rural de Ayapel, Córdoba, «en donde se registra un deterioro considerable del ecosistema y la calidad de vida de los habitantes, por el uso indebido de mercurio y otras sustancias contaminantes».
A su vez, el reporte añade que las explotaciones ilegales tuvieron su origen en la expropiación forzada de tierras realizadas por los paramilitares de ultraderecha de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
«Las autoridades han comprobado la existencia de vínculos de la minería ilegal con cabecillas de las bandas criminales», conformadas por antiguos paramilitares, concluye el reporte.