El Gobierno de Panamá decretó toque de queda en la ciudad de Changuinola.

        El Gobierno de Panamá decretó hoy el toque de queda en la ciudad de Changuinola, en la provincia occidental de Bocas del Toro, ante el “empeoramiento” de la situación, tras una jornada en que enfrentamientos entre huelguistas y Policía dejaron al menos un muerto y un centenar de heridos.

La portavoz presidencial, Judy Meana, indicó a Efe que se ha decretado un toque de queda a partir de las 23.00 hasta las 8.00, hora local (de 04.00 a 13.00 GMT) en esa ciudad, donde, según el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, cuatro agentes están secuestrados por huelguistas.

“Por instrucciones del presidente de la República (Ricardo Martinelli), el gobernador de la provincia de Bocas del Toro (Bonifacio Ábrego) expidió la orden de toque de queda a partir de las once de la noche de hoy, hasta las la mañana del viernes para controlar la situación”, dijo Meana.

La portavoz indicó que la medida restringe la libertad de movimiento en Changuinola, pero que “no es una suspensión de garantías”.

Martinelli lamentó la muerte de una persona en los violentos disturbios registrados en Bocas del Toro, que atribuyó a opositores y a elementos “foráneos”.

“Lamentamos sinceramente ese fallecimiento”, dijo el presidente en un pronunciamiento en la emisora de radio RPC.

Sin embargo, indicó no saber todavía si esta persona perdió la vida como resultado de las confrontaciones que se dieron durante las protestas, y que hay que esperar la autopsia.

“Tengo que decir con mucha tristeza que elementos foráneos y opositores que desean el daño del país, han fomentado, alentado, financiado en muchos casos estas protestas”, expresó.

Martinelli acusó directamente al opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) de estar azuzando las manifestaciones en Bocas del Toro, lo que directivos de este colectivo político han negado.

Igualmente dijo que entre los manifestantes que han quemado bancos y locales comerciales, hay personas en estado de ebriedad y otros que no tienen nada que ver con el movimiento sindical.

El mandatario también atribuyó los hechos a la “cantidad de “desinformación” sobre las modificaciones laborales contenidas en una Ley aprobada el mes pasado.

El gobernante aclaró que la Ley 30 no elimina la cuota obrero sindical, ni atenta contra los sindicatos ni el derecho a huelga, la paga extraordinaria del décimo tercer mes, las horas extras, las vacaciones ni el descanso obligatorio del domingo.

Sin embargo, lamentó que el Gobierno no hubiera reaccionado “a tiempo” explicando los señalamientos “totalmente falsos contra la Ley.

El presidente hizo un llamamiento a la “cordura, la paz, al diálogo y la concertación”, lo que, indicó, “debe prevalecer entre todos los panameños especialmente ahora que en Bocas del Toro” se dan estos hechos.

El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, informó que “la situación de violencia ha empeorado en Changuinola”, a donde se desplazó para dialogar con trabajadores de la empresa bananera Bocas Fruit Company que mantienen una huelga desde hace una semana en demanda del pago de un salario semanal que no les fue entregado.

Papadimitriu dijo que los huelguistas mantienen secuestrados a tres policías y a un agente del Servicio Nacional de Fronteras.

Un número indeterminado de personas han sido detenidas en el curso de la jornada, en la que se registró un muerto y más de un centenar de heridos, 18 de ellos de gravedad, informó el Ministerio de Salud.

Según Papadimitriu, no son “huelguistas sino delincuentes que están tratando de tomarse propiedades, asaltar” y llamó a la población a “mantenerse en sus casas para que la Policía tome control de la situación”.

Por su parte, el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), de izquierda, denunció que “a las 9 de la noche (02.00 GMT) la Policía estaba reprimiendo con armas de fuego a manifestantes en el Puente de Changuinola.

Los manifestantes protestan además contra dos leyes recientemente aprobadas por el Gobierno que permiten sancionar con dos años de prisión a los que cierren calles durante manifestaciones, y otra que limita el ejercicio del derecho de huelga, además de modificar otras disposiciones laborales.