La Cámara Inmobiliaria de Venezuela -CIV- se pronunció frente a la sugerencia del presidente Maduro en cuento a controlar los precios de las viviendas del mercado secundario inmobiliario.
“Lo que el presidente dijo significaría vulnerar otra disposición constitucional, esta vez el artículo 115 de la Constitución, en el cual se garantiza el derecho de propiedad; ese derecho incluye el uso, goce, disfrute y disposición de los bienes. De acuerdo con la Constitución, si usted es propietario de su vivienda, puede valorarla y disponer libremente de ella en el mercado según su apreciación, a fin de cuentas usted y su familia trabajaron para obtenerla. Ningún funcionario sobrevenido debiera decirle lo que cuesta lo suyo. Estoy seguro de que la mayoría indiscutible de la población venezolana lo entiende así y lo desea así, incluyendo por supuesto a los beneficiarios de Misión Vivienda que desean pagar su inmueble y obtener su propiedad”, dijo el Presidente de la CIV, Carlos Alberto González.
El vocero gremial recordó que cuando el Gobierno impuso hace cinco años los controles a los precios de las viviendas del mercado primario privado, las construcciones se redujeron drásticamente a menos de un 10 % de la capacidad de producción y es por ello que no hay nuevas ofertas en el mercado. ¨Nadie va a producir a pérdida, ni en el mercado inmobiliario ni en el mercado de alimentos, ni en ningún otro sector; el desabastecimiento y la escasez operan de manera similar como producto de las regulaciones”, explicó.
González sostuvo que los altos precios de los inmuebles en el mercado secundario no son tales si son comparados con referentes internacionales, pero en todo caso el incremento obedece a la inflación cada día más elevada, a la falta de oferta de viviendas nuevas, a la devaluación del signo monetario nacional y a la inseguridad jurídica. En ese sentido, destacó que “los precios suben minuto a minuto pero eso precios los determinan millones de venezolanos que día a día intentan defender su patrimonio, su propiedad, que en la inmensa mayoría de los casos es su única riqueza material.
Para Carlos Alberto González solo el estímulo a la inversión inmobiliaria y en otros sectores productivos, con los derechos económicos y sociales plenamente garantizados, incluyendo el derecho a la propiedad privada, “podrá solucionar las críticas condiciones que producen sufrimiento y desasosiego a millones de venezolanos”.