Refiere el documento del parlamento, firmado en la sede de la AN el 13 de julio de 2010, “que esta nueva acción, sumada a la firma de una declaración de la Conferencia Episcopal, publicada el 12 de julio del presente año, a la firma del decreto del golpe de Estado del 12 de abril de 2002, que erigió como gobernante de facto a Pedro Carmona Estanga, constituyen la prueba más fehaciente del rol de interlocutores políticos asumido por los altos jerarcas de la Iglesia Católica venezolana”
De igual modo, el texto refiere: “Dicha actitud contraviene de forma clara el convenio entre nuestra República y la Santa Sede, suscrito en Caracas el 6 de marzo de 1964, así como los intereses inherentes a la actividad pastoral (…)”.
Asimismo, en su pronunciamiento oficial, el parlamento venezolano expresó: “Denunciamos frente a Dios, al pueblo cristiano y al mundo a esta oligarquía eclesial que, vinculada con los sectores fascistas de la oposición venezolana, pretende seducir al pueblo para provocar una salida violenta y de facto al proceso revolucionario”.
“Rechazamos categóricamente los ataques del señor Urosa Savino, así como de los miembros de la Conferencia Episcopal, por constituirse en manifiesta intromisión en los asuntos públicos, así como en agresiones a los poderes públicos del Estado”, indica el texto.
Sostenemos, dice el pronunciamiento, que la Revolución Bolivariana es de profundo contenido cristiano y de respeto a la libertad de religión y de culto, expresada en el artículo 59 de la Constitución de la República.
Además, los diputados, en el comunicado, invitan al Cardenal para que explique ante la Comisión Coordinadora de la AN las razones sobre las cuales sustenta sus denuncias.
En los próximos días se hará entrega de este pronunciamiento a la Santa Sede.
AVN