A dicha reunión asistieron los voceros de los urbanismos Plaza Jardín, El Fortín, Los Pinos, San José del Avila, El Encantado Humbolt, Ave María, entre otros; así como los ministros del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán y del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, para aclarar las dudas relacionadas con la medida tomada por el presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado domingo.
El primer bloque irá a los edificios que están terminados, donde ya existen personas viviendo que aceptaron las condiciones irregulares de los pagos, «estas personas seguirán siendo los dueños legítimos y sólo deberán entrar en el programa de renegociación de los precios (rebajas)».
Aquellos que están listos (460) y no han sido ocupados se realizará la entrega en los próximos ocho días, por instrucción del presidente de la República, Hugo Chávez.
En el caso de los apartamentos que tienen medida de ocupación temporal el Gobierno exigirá a las inmobiliarias que respeten los contratos originales.
El segundo bloque va dirigido a los edificios que están a medio concluir, los cuales, explicó Jaua, se expropiaron porque no había garantía de que esos edificios se iban a construir si los propietarios no aceptaban los nuevos contratos.
Destacó que se va a crear un fondo especial de recursos para financiar la culminación de esos edificios. Explicó que se va a trabajar en la elaboración de un cronograma de fechas de culminación para luego hacer las respectivas entregas.
Añadió que una vez culminados los apartamentos se realizará la entrega de inmediato mientras se resuelve toda la arquitectura jurídica, ya que no es una condición la protocolización para que se pueda habitar la vivienda.
El tercer elemento son los edificios que ni siquiera se han comenzado a construir, en ese caso se verificarán los proyectos y se planteará un cronograma de ejecución.
La medida de expropiación y ocupación temporal abarca toda la maquinaria de las constructoras, lo que permitirá agilizar todas esas construcciones. La mano de obra (los trabajadores) la asume el Estado.
Asimismo, Jaua informó que el Gobierno solicitó la prohibición de salida del país a los responsables de las constructoras y urbanismos involucrados en los casos de estafa denunciados en diversas zonas del país.