Estafa inmobiliaria por cobro ilegal del IPC ascendió a Bs.4,5 millones

ipc16sepAsí lo reveló el diputado Augusto Montiel, presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y de la Asamblea Nacional (AN) e integrante de la citada sala.

Montiel señaló que el monto corresponde a la negociación de las viviendas de unas 150 mil familias de clase media en todo el territorio nacional, a las cuales empresarios de la construcción inescrupulosos, impusieron cobros adicionales sobre el precio de venta, justificándolos como IPC o bajo los subterfugios de “justiprecio” o “ ajuste necesario”.

“La situación es la siguiente -explica Montiel- por lo menos 150 mil familias en Venezuela se ven afectadas de manera sistemática y continuada, desde hace varios años, por una situación que configura una serie de delitos, que giran en torno al cobro ilegal del IPC”.

Señala que el IPC “nunca ha sido un esquema de formulación de costos ni de indexación de ningún tipo de valores ni de precios, de ningún bien o servicio, y eso queda, además, perfectamente especificado y prohibido, taxativamente, con la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de Junio de 2009”.

Informa además, que recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por parte de empresas constructoras en procura de la autorización del cobro del IPC, les han sido negados en cuatro ocasiones por la máxima instancia judicial del país.

Debido al número de familias afectadas y al monto estafado, el diputado no duda en calificar el asunto como un problema de índole social.

“Se han conformado empresas constructoras, empresas inmobiliarias o empresas promotoras, que muchas veces cumplen funciones de bancos, y que se han convertido en fuentes de robo a las familias, de procedencia social diversa, fundamentalmente, profesionales, familias jóvenes, que haciendo esfuerzos reúnen el dinero para comprar sus viviendas y este dinero les es sustraído por medio de cobros ilegales”, indicó.

Montiel señala que se han constituido verdaderas mafias orientadas a capturar el dinero de los compradores de viviendas, para luego utilizar esos recursos en centrífugas inmobiliarias o de construcción, con el objeto de acometer otros desarrollos habitacionales en Venezuela o en Panamá y Miami.

Las empresas involucradas en estas estafas, más de 30 hasta ahora, no han cumplido con las condiciones de los contratos, ni con las fechas de entrega y tampoco han respetado los precios convenidos.

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