“Hemos decidido -en esta conducta de mandar obedeciendo al pueblo- abrogar el decreto supremo 748 (que eleva los precios de la gasolina y el diésel) y los demás decretos supremos que acompañan la medida”, señaló Morales en una declaración de prensa en la casa presidencial.
“Todas las medidas quedan sin efecto, no hay justificación ahora para subir (el precio de los) pasajes, ni aumentar el precio de los alimentos ni la especulación”, añadió el gobernante.
La decisión revoca también un aumento del 20% al salario mínimo nacional, que alcanzaba a la Policía, las Fuerzas Armadas, así como a los sectores de salud y educación, y abría las puertas al sector privado a negociar con sus empleados un ajuste de salarios en ese parámetro.
La determinación del mandatario, quien estuvo acompañado por su vicepresidente Alvaro García y todos sus ministros, se produjo un día después de registrarse protestas civiles en Bolivia, en contra del ajuste de los precios de la gasolina y el diésel, en el mayor rango de la historia.
Las reclamos de choferes privados, vecinos, maestros y estudiantes tuvieron su epicentro en las ciudades de La Paz, El Alto y
Cochabamba, que se saldaron con 15 heridos y 21 detenidos, con el principal pedido de abrogar el decreto del gobierno.
Los sectores anunciaron que tras la fiesta de Año Nuevo retomarían la próxima semana sus protestas, pues consideraron que las medidas oficiales para apaciguar el malestar, como el aumento salarial, eran insuficientes.
El gobierno boliviano decidió subir el precio de los combustibles para eliminar una subvención a la importación de estos productos y que en 2010 le demandó al Estado -según explicó- 666 millones de dólares, monto que subiría este 2011 a más de 1.000 millones de dólares.
Bolivia tiene problemas para producir gasolina y diésel, pues carece de campos ricos de petróleo, por lo que debe importar los carburantes, principalmente de Venezuela y Argentina, para cubrir su consumo interno.