Exigen destapar caja negra del Plan República antes de 2012

   El Consejo  Nacional Electoral todavía no ha anunciado   el cronograma de los  comicios   que se realizarán en 2012 y, sin   embargo, algunas etapas  del   proceso ya generan inquietudes. Una de ellas es la actuación de la Fuerza Armada Nacional en el Plan República.

En varias oportunidades se   ha planteado la conveniencia de que las  elecciones sean   custodiadas por civiles, como   ocurre en la mayoría  de los   países. Esa propuesta ha cobrado importancia con los  señalamientos hechos a la actuación militar.

Después de las elecciones   presidenciales del 3 de diciembre de 2006,  partidos políticos   y la organización civil Súmate   denunciaron  algunas irregularidades en las que incurrieron   los funcionarios del  Plan República, como el hecho de que   en algunos centros de votación    no permitieron la entrada de   miembros de mesa y testigos   de los  candidatos opositores.

De acuerdo con el informe   presentado al Ministerio de la   Defensa,  los militares trasladaron material comicial con los   precintos violados y abrieron   mesas de votación que habían   sido cerradas por ausencia  de   electores en las colas. En las   elecciones parlamentarias de    septiembre de 2010, el gobernador de Lara, Henry Falcón,   denunció que  los oficiales del   Plan República no aceptaban   las credenciales de  algunos representantes del PPT  El artículo 5 de la Ley Orgánica de los  Procesos Electorales es claro: «La Fuerza Armada   Nacional Bolivariana  prestará   apoyo al Poder Electoral, resguardando la seguridad de los    electores y electoras, velando   por el orden, custodia, traslado y  resguardo del material e   instrumentos electorales».

Para la coordinadora de la organización civil Control Ciudadano para la  Seguridad y   Defensa, Rocío San Miguel, el   examen del Plan República  requiere que el jefe del Comando Estratégico Operacional,   general en  jefe Henry Rangel   Silva, «permita destapar la caja negra y escrutar el programa   de resguardo electoral». Con la   auditoría se obtendrían  respuestas a interrogantes clave:   quiénes serán los comandantes del  Plan República en el   ámbito regional, cuántos milicianos participarán, y de esos   cuántos están inscritos en el   Partido Socialista Unido de Venezuela.

«No se puede perder de vista   la actuación de los milicianos   porque  ellos, contrario a los   militares, sí pueden pertenecer a partidos  políticos. Aquí   tenemos una ecuación indebida, por cada 10 miembros    de la Fuerza Armada Nacional   que ejercen funciones en el   Plan  República 7 pertenecen a   la Milicia», explicó San Miguel.

La analista sostuvo que los   jefes militares al mando del   Plan  República deben estar libres de cualquiera sombra de   duda. En ese  sentido, San Miguel consideró que un general   como Rangel Silva ­que ha expresado públicamente su posición política y dijo en 2010   que no  reconocería un resultado adverso al presidente Hugo Chávez­ no debería  dirigir   las funciones de seguridad en   las elecciones. Si eso ocurre, la   medida no sería bien vista por   la OEA, organismo que cuestionó  las declaraciones.

San Miguel alertó sobre el   riesgo de que jefes militares ligados al  área de comunicaciones formen parte de la directiva de Cantv, como  sucedió con   el general Rangel Silva y ahora   con el comandante de la  Guardia de Honor, general Wilfredo   Figueroa Chacín. Cuando era    coronel, Figueroa fue gerente de Seguridad Integral de   Cantv: «Todo  eso debe verse   con cautela por el asunto de la   transmisión de  datos».

Defensa del voto.

En la Me- sa de la Unidad Democrática   señalan que el colectivo de la   FAN se ajusta a lo establecido en la Constitución, leyes y    reglamentos, pese a algunas   expresiones aisladas de jefes   militares. El diputado Tomás   Guanipa (Primero Justicia)   afirmó: «En el país  todavía no   se ha llegado al nivel cívico de   otros países donde la  seguridad   de estos procesos no depende   de los militares, y estamos  en   medio de una polarización; de   Aveledo sostuvo que la oposición  está preparada para las   contingencias y trabaja en su   plan de  defensa del voto, para el cual tienen como antecedente cercano la  jornada del   26 de septiembre de 2010. Allí   la MUD contó con 110.000  testigos acreditados. Para el año   próximo esperan optimizar la    cobertura y la capacitación.

Automatización versus intervención.

El contralmirante re- tirado Luis Cabrera Aguirre,   ex miembro  del Estado Mayor   Presidencial, puntualizó que el   cumplimiento de la  Constitución por parte de la Fuerza Armada Nacional y la automatiallí  nuestra vigilancia y atención para que los militares se   ajusten a las  normas del CNE y   no intervengan en las diversas   etapas de los  comicios».

Para el general retirado Juan   Antonio Herrera Betancourt es    fundamental que las organizaciones políticas que concurran   a las  elecciones exijan a los militares el cumplimiento de las   reglas de  juego y hagan sus requerimientos. Herrera dijo que   debe prevalecer el  principio de   subordinación del estamento   militar al poder civil.

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la   MUD, puntualizó  que las atribuciones de los civiles y militares están bien definidas.  «Lo   importante es que sean suficientemente conocidas por los    electores, los miembros de mesa, los testigos y los miembros   del Plan  República», subrayó.

electoral de AD, dijo que la   MUD detectará anomalías,   como la  presencia de militares   al lado de los electores o el retraso en la  llegada del material   comicial, hechos que han ocurrido de forma  aislada.

Las funciones del Plan República se desarrollan en tres   fases:  preelectoral, electoral y   poselectoral. Esas etapas incluyen el  resguardo de las instalaciones del CNE, almacenes   de preensamblaje,  ensamblaje, logística y producción del   Poder Electoral, además del    traslado para el despliegue y   repliegue del material y de las    máquinas de votación. Incluyen la instalación de las juntas    electorales, la seguridad de los   centros de acopio y los centros    electorales, la custodia de las   mesas y el traslado de los  comprobantes de votos a la Junta   Nacional Electoral.

zación del proceso electoral   son garantías de que no se da   ningún tipo de intervención de   militares en los comicios.

«No existe ningún problema   para que las personas puedan ejercer su  libertad de votar, los militares cumplen con   sus funciones de  seguridad.

No veo cómo la Fuerza Armada puede afectar los resultados   electorales, cuando el conteo   de los votos y el levantamiento de las actas  corresponde al   CNE. La presencia militar es   sólo para custodia»,  aseveró.