El pasado 7 de abril, Varela consideró que había base para proceder contra Baltasar Garzón porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España 1977, en la Transición a la Democracia, al investigar las desapariciones ocurridas durante el franquismo.
Este magistrado rechazó el pasado 4 de febrero sobreseer la causa al entender que en la actuación del juez Garzón concurren todos los elementos del delito de prevaricación, que puede ser castigado hasta con veinte años de inhabilitación.
También sostuvo que no era necesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos, que fueron denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, agrupaciones de extrema derecha.
Por el contrario, la Fiscalía, además de creer que Garzón no ha incurrido en dicho delito, argumenta que el «fundamento jurídico de la acción popular no puede buscarse, ni encontrarse, en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal».
Y sostiene que la acusación popular «sólo podrá ejercitarse en los procesos que la ley determine» y la legislación, añade, «ha querido excluirla de la capacidad de provocar, por sí misma, y en solitario», la apertura de juicio oral.
af / Reporte360