Fiscalía General y el Gobierno de Colombia acordaron fortalecer las investigaciones de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país

La Fiscalía General y el Gobierno de Colombia acordaron este miércoles fortalecer las investigaciones de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país,que según las últimas cifras oficiales han dejado un saldo de más de 2.400 víctimas.

En una reunión en Bogotá, el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Francisco Escobar, acordaron reforzar el grupo de elite que investiga las ejecuciones de civiles a manos de militares, conocidas como «falsos positivos».

El objetivo es lograr que ese grupo, conformado por investigadores de la Fiscalía, inspectores de las Fuerzas Militares y juristas del CSJ, trabaje «con más eficacia» y analice las nuevas denuncias aparecidas en las últimas semanas, dijo Mendoza a los periodistas al término de la reunión.

En el encuentro de este miércoles, el Gobierno, a través de Rivera, «reiteró su interés en que se adelanten con la mayor celeridad» los procesos judiciales contra los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en supuestos homicidios de civiles, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Además, Rivera «insistió» en su propuesta de definir cuanto antes el número de fiscales, jueces y funcionarios judiciales que se requieren «para que en el término de un año se resuelvan mediante providencias las investigaciones» de los casos de «falsos positivos».

El ministro está dispuesto a gestionar ante el Gobierno «los recursos presupuestales necesarios para crear esa fuerza de trabajo con fiscales y jueces», agrega el texto oficial.

El escándalo de los «falsos positivos» estalló en 2008, cuando era presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa era el actual mandatario colombiano, Juan Manuel Santos.

La ONU señaló a finales del 2009 que esas ejecuciones de civiles a manos de agentes de la seguridad del Estado, que los presentaban como guerrilleros muertos en combate ante sus superiores a cambio de beneficios, fueron «una práctica sistemática» de las Fuerzas Militares.