En la carta que la apoderada judicial de Globovisión, Ana Cristina Núñez, entregó el martes a Sudeban, se explica que la junta interventora de Sindicato Ávila exigió a Corpomedios GV (nombre jurídico de Globovisión) la cancelación de los dividendos correspondientes a su lote accionario.
En ese sentido, Globovisión entregó a la junta interventora varios cheques correspondientes a los dividendos que ganaron las acciones pertenecientes a Sindicato Ávila entre julio y septiembre de 2010 y quedó pendiente el retiro de los cheques de los meses octubre y noviembre del año en curso.
Sindicato Ávila fue calificada por Sudeban como una empresa relacionada al extinto Banco Federal y por tanto se ordenó su intervención y posterior liquidación, con la intención de hacer frente a parte de los pasivos que dejó pendientes la entidad financiera.
Composición accionaria
Los propietarios de Corpomedios GV son tres: Unitel de Venezuela C.A., que cuenta con 60% de las acciones, Sindicato Ávila (liquidada por resolución de Sudeban el 3 de diciembre pasado) con 20% e igual porcentaje de DNS Inversiones 2000 C.A.
A su vez, la composición accionaria de Unitel está constituida por 66% de Guillermo Zuloaga, 17% de Alberto Federico Ravell e igual porcentaje de una sociedad mercantil llamada Montferrat S.A.
Por su parte, Sindicato Ávila era propiedad de Nelson Mezerhane y DNS Inversiones 2000 C.A., cuya propietaria es Daniela Núñez, hija de Luis Teófilo Núñez (fallecido).
De acuerdo a los estatutos de Corpomedios, para nombrar un miembro en la junta directiva del canal de noticias Globovisión se requiere al menos 65% del capital social de la empresa, por lo que el Estado con 20% no puede designar a un integrante.
Para nombrar el Estado un miembro de la junta del canal de noticias sería necesario el respaldo de Unitel.
Por otra parte, la actual directiva de Globovisión está vigente hasta 2013, por lo que no es necesario someter a la consideración de la junta de accionistas nuevas designaciones hasta ese año.
Entre otras previsiones que tomaron los propietarios del canal de noticias, redactaron los estatutos para evitar que fueran accionistas personas que no contaran con su aval.
Así en su artículo 8 establecieron que «(…) Los accionistas se confieren un derecho recíproco de opción de compra de las acciones que por cualquier motivo una de las partes desee vender, transferir, pignorar o disponer en cualquier forma (…) A estos fines, el accionista que desee vender, traspasar, ceder (…) o deshacerse de las acciones que posea, notificará por escrito a los otros accionistas (…) que tendrán derecho de adquirir esas acciones al valor libros o al valor del negocio establecido por un perito».
Por este derecho a preferencia establecido en la estatutos, es que Globovisión insiste que el Estado no puede quedarse con las acciones, sino que debe venderlas a uno de los accionistas actuales, es decir a Guillermo Zuloaga, a Alberto Ravell o a Daniela Núñez.