Gobierno niega contratos a 1,6 millones de empleados

   El Gobierno niega la discusión de los contratos colectivos en el sector público en perjuicio de 1,6 millones de trabajadores, para imponer el socialismo en las relaciones laborales, alertaron dirigentes sindicales.

El documento confidencial Políticas Laborales y de Negociación Colectiva -que elaboraron los ministerios del Trabajo, Planificación y Finanzas en abril de 2009- establece la estrategia gubernamental.

Jesús Urbieta, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en 2004-2007, señaló que el informe señala la decisión de Estado de eliminar el sistema de relaciones laborales, basado en los principios de la OIT.

Refirió que la estrategia gubernamental se ha cumplido con respecto a la congelación de los contratos colectivos y en el desconocimiento de los sindicatos no afectos, pero todavía le resulta cuesta arriba implantar la figura de los consejos obreros o de trabajadores en sustitución de los sindicatos, oficialistas e independientes.

Orlando Chirino, disidente del chavismo, denunció que para la imposición de su política en las empresas básicas y estratégicas, el régimen utiliza sindicalistas afectos que «se convirtieron en patronos con la figura del control obrero, lo que es una aberración».

Chirino, coordinador de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma, indicó que el Gobierno impide la negociación de las convenciones y los reclamos de incumplimiento de compromisos contractuales vigentes, así como la exigencia de modernización del plantel industrial.

También, que cumple los lineamientos del documento cuando congela los contratos colectivos e iguala los salarios de funcionarios y profesionales, al no permitir el aumento en el tabulador de sueldos desde hace cuatro años.

Destacó que el control obrero no tiene cabida en la base trabajadora, porque los dirigentes son puestos por el Gobierno, y advirtió que es el anticipo de los consejos de trabajadores que equivalen a los Comités de la Revolución de Cuba.

Chirino y Urbieta coinciden en que la desconfianza de los trabajadores ha parado la iniciativa de los consejos obreros, que carecen de base jurídica y están en un proyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y una ley especial propuesta por el PCV. Urbieta dijo que el Ejecutivo no ha alcanzado el objetivo del informe de crear una central obrera estable oficialista.