El artículo 20 del proyecto, aprobado ayer en primer discusión por la Asamblea Nacional, expresa: “Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación. Designará, de común acuerdo, los funcionarios encargados de su culminación, quienes no podrán ser sustituidos por depositarios ni funcionarios judiciales en los procesos de atrasos, quiebras, embargos preventivos o ejecutivos, ni ejecución de hipotecas”.
Los contratos actuales que no contemplen la fecha de culminación deben ser revisados por las partes; si un constructor la establece de manera unilateral sería considerada nula. El Ministerio de Obras Públicas, mediante oficio, pedirá que se estipule dicha fecha cuando los contratos no lo especifiquen.
El artículo 18 indica también: “Los compradores podrán acudir sin perjuicio de las competencias que corresponden al Indepabis, al Ministerio de las Obras Públicas y Vivienda a denunciar la violación de la presente ley, pudiendo de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras”.
El proyecto legal, que fue remitido a la Comisión de Administración y Servicios Públicos para que elabore un informe para la segunda discusión, instan a los funcionarios que ocupen los inmuebles a denunciar ante la Fiscalía General la existencia de supuesto dolo, culpa civil, penal o desviación de fondos de la obra aportados por el contratista y los compradores.
El presidente de la comisión de Administración y Servicios, Luis Gamargo, justificó la ley para repeler al “capitalismo salvaje” que convirtió la vivienda en una mercancía cuando es “derecho humano”.
El Nacional