La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) acudió hoy a los tribunales federales en la ciudad de Buenos Aires, donde fue citada para declarar como investigada en un caso de supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994.
Con un fuerte dispositivo de seguridad, hacia las 10.00 hora local (13.00 GMT), la exmandataria se presentó ante el juez Claudio Bonadio, aunque tiene derecho a no declarar y presentar un escrito, algo que ya hizo en otras ocasiones en las que fue citada por la Justicia.
Junto a otros antiguos miembros de su Gobierno, Fernández está acusada de presunto encubrimiento en una causa abierta por una denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir en circunstancias aún por esclarecer.
La comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá la planificación del atentado, que fue el segundo contra objetivos judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires.
Pocos días antes de ser hallado muerto en su apartamento de un disparo en la sien, Nisman denunció que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba en realidad encubrir a los sospechosos del ataque.
La denuncia fue desestimada por “inexistencia de delito”, a principios de 2015, pero la causa fue reabierta a finales del pasado año y, posteriormente, fue unificada con otra por presunta traición a la patria, también con eje en el polémico acuerdo.
Fernández es la última de las quince personas citadas a prestar declaración indagatoria por Bonadio, un juez que la exmandataria intentó recusar, sin suerte, en varias oportunidades.
Entre quienes fueron indagados, se encuentra el excanciller Héctor Timerman, quien afirmó que sus gestiones solo estuvieron encaminadas a “avanzar” en un proceso de investigación del caso AMIA que estaba paralizado.
También comparecieron ante el magistrado el supuesto embajador iraní paralelo, Jorge Khalil, el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el exjefe de inteligencia Oscar Parrilli y el diputado kirchnerista Andrés Larroque, entre otros.
El memorándum nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por Irán; y en Argentina, aunque fue aprobado por el Parlamento, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
Fernández, que siempre ha sostenido la legalidad de la firma de aquel acuerdo, carga ya con tres procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato.
Dos de ellos fueron dictados por el propio Bonadio: uno por supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central y otra por presunta asociación ilícita para lavar dinero a través de la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner.
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