Este miércoles 3 de marzo entra en vigencia la Ley para la Prohibición de Videojuegos Bélicos y Juguetes Bélicos que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) y que fue publicada en Gaceta Oficial número 39.320, con fecha 3 de diciembre de 2009.
La ley establece que quienes por cualquier medio promuevan la compra o uso de dichos juegos serán sancionados con multas que van de 2 mil a 4 mil unidades tributarias, lo que equivale a Bs.F. 130 mil y Bs.F. 260 mil, respectivamente; mientras que quienes los importen, fabriquen, vendan, alquilen o distribuyan serán sancionados con prisión de tres a cinco años.
El diputado de la AN, Wilmer Iglesias, destacó que esta Ley está dirigida exclusivamente a aquellos juegos o videojuegos basados en la violencia, en la agresión y en el uso de armas de fuego y que tienen por objetivo la destrucción de otro ser viviente. “No pretendemos que una ley como esta vaya a resolver definitivamente el problema de la violencia en el país, pero sí queremos destacar que será un elemento importantísimo en la formación pacífica de nuestros niños y adolescentes, futuros hombres y mujeres del país”, destacó Iglesias.
Recordó que los niños a través de este tipo de juegos resultan seriamente afectados, pues la violencia que promueven es trasladada a la vida cotidiana y en sus relaciones interpersonales.
Agregó que este instrumento legal impulsará la corresponsabilidad de los padres y representantes de los niños y jóvenes, pues “tendrán que asumir su cuota de responsabilidad en la consolidación de una familia sana, como institución primordial de la sociedad”. Recordó que esta norma responde a los valores constitucionales de paz, solidaridad, bien común y convivencia.
El presidente de la Comisión de Defensa de la AN, Juan Mendoza, resaltó recientemente que con esta Ley, Venezuela está brindando una respuesta significativa y ocupa un lugar de avanzada desde el punto de vista jurídico y sociológico.
De hecho, países como Argentina están interesados en conocer la metodología aplicada para proponer la ley y el proceso de aprobación de la misma, según informó el diputado Wilmer Iglesias.
ABN
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