Los candidatos, organizaciones con fines políticos, grupos de electores, así como las comunidades u organizaciones indígenas podrán contratar la difusión de propaganda electoral, a través de los diferentes medios de comunicación.
«Cohetazo» electoral
Tanto oposición como oficialismo, iniciaron la campaña electoral con un «cohetazo» a la medianoche de este martes.
Por aproximadamente un mes, los activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desplegarán propaganda electoral por las calles y avenidas del país, además de la convocatoria a marchas y concentraciones.
El candidato a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Enrique Mendoza, llamó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter a un «cohetazo» a la 12:00 pm de hoy.
No habrá regulación de redes sociales
El rector del máximo ente electoral Vicente Díaz, informó que no habrá regulación de redes sociales el próximo 26 de septiembre. “No es cierto que la reunión se haya tratado sobre regulación de Twitter, Facebook o las redes sociales (…) Nada de eso es cierto”, agregó.
Apuntó que los medios de comunicación alternativos, comunitarios y digitales están regidos por las normas electorales. “Los medios de comunicación a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales tienen que cumplir con la regulación”, dijo.
Legalidad de la campaña electoral
El proceso de la campaña electoral será regulado por el Reglamento Especial sobre la Campaña Electoral y el Reglamento Nº 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de Propaganda.
El Reglamento N°6 que rige en materia de propaganda electoral establece que sólo pueden tramitar la difusión de mensajes propagandísticos las personas delegadas por los factores políticos ante el CNE y los medios de comunicación social, los datos de identificación de las personas naturales o jurídicas autorizadas para contratar la publicación de avisos, cuñas y otras piezas de propaganda electoral.
Las estrategias propagandísticas diseñadas por los representantes políticos para sus campañas, deben ajustarse a las condiciones establecidas en el reglamento. No se permitirá la propaganda electoral que se produzca fuera del lapso establecido; que atente contra la honra, privacidad, dignidad o reputación de las personas; que promueva la guerra, discriminación; que promueva la desobediencia a las leyes; que desestimule el ejercicio del derecho al voto; que contenga expresiones obscenas y denigrantes contra los órganos y entes del Poder Público; que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes; que sea financiada con fondos ilícitos, o que utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano o candidato, así como colores y símbolos que identifiquen a organizaciones políticas, sin su autorización.
Igualmente, se establece que los funcionarios públicos, en general, están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna.
Para garantizar el equilibrio durante la campaña, el CNE aprobó el Reglamento Especial sobre la Campaña Electoral con el que se regulan los términos y condiciones, bajo los cuales los actores políticos podrán difundir a través de los diferentes medios de comunicación (impresos, radioeléctricos, audiovisuales, públicos y privados) sus mensajes propagandísticos.
Financiamiento de la campaña
Los costos de la campaña electoral es otro aspecto reglamentado por el Poder Electoral, para ello se establecieron pautas de fiscalización a las finanzas destinadas para la propaganda durante la campaña, en la que los representantes políticos están comprometidos a suministrar la información necesaria para el control efectivo de los recursos destinados para su campaña, así como deben presentar sus cuentas a través del sistema automatizado de financiamiento.
Toda denuncia sobre el incumplimiento de las reglas establecidas para hacer campaña, se interpondrán ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento o ante las Oficinas Regionales Electorales del CNE, por cualquier persona que detecte violaciones al reglamento. A partir estas denuncias se activarán los procedimientos y mecanismos de rigor, que devendrán en la aplicación de las sanciones a los infractores de las regulaciones establecidas.