Insulza señaló que la ley de Arizona está teniendo “un efecto aterrador entre la población hispana y en el resto de Estados Unidos”.

  insulza04ak El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló en un artículo publicado hoy en Chile que la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal está teniendo “un efecto aterrador entre la población hispana y en el resto de Estados Unidos”.

Insulza se refiere, en un artículo que difunde hoy el diario chileno La Tercera, a la ley aprobada recientemente en el estado de Arizona, que permite a los agentes del orden público detener y solicitar documentos a cualquier inmigrante sospechoso de ser indocumentado.

Según el máximo responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta normativa “niega libertades civiles y discrimina contra un grupo de personas sin tener en cuenta su condición jurídica”.

Por ello, Insulza, tras reconocer que cada nación tiene el derecho de regular la inmigración dentro de sus fronteras, considera que “debe hacerse un esfuerzo para apegarse a los principios fundamentales que dictan que todo ser humano debe vivir libre del temor”.

Es imprescindible que cualquier reforma de inmigración dentro del continente asegure la protección de los derechos humanos y se mantenga fiel a las obligaciones consagradas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agrega.

Asimismo, señala que la OEA ha reafirmado en diversas ocasiones que “todos los inmigrantes, a pesar de su estado de inmigración, debería recibir toda la protección de los derechos humanos y plena observación de las leyes laborales que se les pueda aplicar”.

El máximo responsable de la OEA recuerda que Estados Unidos “es una nación fundada y construida por inmigrantes”, primero europeos y después de América Latina y el Caribe, y considera que el debate sobre esta materia definirá la posición moral de Estados Unidos en el mundo.

“El debate de la inmigración trasciende a asuntos de oportunidades económicas y equidad en la asignación de trabajos. Es una cuestión que apunta a la base de los principios de los derechos humanos en EE.UU. e, indudablemente, definirá su posición moral dentro de la opinión pública mundial”, señaló.

“El resultado de este debate político no sólo definirá cómo otras naciones interpreten la fuerza moral de EE.UU., sino que también marcará un precedente respecto de lo que Washington considera un tratamiento aceptable de los menos afortunados”, agregó.

 EFE

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