No importó que la edificación no cuenta con servicios básicos ni redes cloacales; carece debaños, puertas, ventanas, rejas.
Lisbeth Coba, madre de dos niñas, manifestó que invadió el edificio junto a otros vecinos hace tres días y que las familias que tomaron esa construcción, abandonada hace más de 15 años, no tienen donde vivir.
Presumiblemente cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional, que desde hace tres días los ha visitado.
La vocera anunció que el próximo sábado se reunirán con los funcionarios de la GNB a pedirles ayuda. La mujer pide a los organismos del Gobierno en el estado que los ayuden a reacondicionar el lugar para habitarlo con sus familias.
Ramón Hernández, otro de los invasores, indicó que ellos tomaron la edificación porque estaba abandonado hace 15 años, antes de que personas de otros municipios se apoderarán de él.
Las familias que hoy habitan el lugar son del municipio Mariño. Tienen 27 niños y varias personas con discapacidad. Hay 20 familias inscritas en la Misión Vivienda, en espera de que construyan sus casas.
Además, quieren que el los gobiernos regional o nacional tome esas instalaciones y las adecúe para ellos o les den para arreglarla. Tienen previsto crear un consejo comunal que les permita solicitar recursos y acondicionar el área. “El edificio estaba abandonado y servía de guarida de ladrones y drogadictos. Lo tomamos para que sea un lugar en el que vivan personas decentes”.
Es un delito
El alcalde del municipio Mariño, Alfredo Díaz, y el coronel Aquilino Rafael Mata, comandante del Destacamento 76 de la Guardia Nacional, aseguraron que ellos no apoyan las invasiones, porque constituyen un delito.
Díaz señaló que esa invasión es resultado de un Gobierno nacional inestable, que en 14 años ha engañado a la ciudadanía ofreciendo viviendas que nunca termina.
El coronel Mata manifestó que conversarán con las familias ocupantes para que salgan del edificio. Existe la Misión Vivienda y los aportes que ofrece el Gobierno; el pueblo no tiene necesidad de invadir.