La diplomacia euopea, indócil e intransigente, reiterada e inequívocamente, ha dado al traste con la política de “represión” en Venezuela, al extender por un año las sanciones contra el Gobierno venezolano, hasta 14/11/2019 por el “deterioro continuo” de la situación del país, a objeto de presionar al gobierno de Nicolás Maduro por el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
El deterioro progresivo es, cada vez, más notorio, por menoscabo del estado de derecho, así como los derechos humanos, que ha sumido al país en una crisis socuioeconómica y sociopolítica de carácter humanitario.
Por otra parte, tiene en su contra la elección fraudulenta de una Asamblea Constituyente, que la oposición ni la comunidad internacional reconoce, punto de inflexión para la UE, así como los cuatro meses de protesta 4-7/2017 con saldo de unos 125 fallecidos, centenares de heridos y unos 400 detenidos a la orden de los tribunales militares, según el Foro Penal Venezolano.
Asimismo, ha sido de tal magnitud la crisis venezolana que desde 2015 cerca de unas dos millones de personas han migrado, huyendo de la crisis económica y política que agobia al país. Se estima que cerca de unos cinco mil ciudadanos/día abandonan, por diversas vías, el país, lo que representa el mayor desplazamiento poblacional en la vida institucional venezolana, así como de Latinoamérica.
La diáspora, aunque el gobierno la subestima, se manifiesta por la carencia de profesionales y técnicosen las diversas áreas quienes pese a las precariedades atendían, aún, las necesidades para el funcionamiento/mantenimiento de bienes y servicios, muchos de éstos hoy día a manos de grupos improvisados en cooperativas, desconocedores de la actividad pertinente.
Como bellacos engreídos, muestra de ensoberbercimiento, la ANC ha aprobado un acuerdo en rechazo a la extensión de sanciones UE y el bloqueo económico de EEUU.