Paradójicamente, pese a las circunstancias tan adversas que predominan en el medio agrícola para estas actividades, a autofinanciarse casi todo productor, por las restricciones de crédito bancario, falta de insumos, un parque de maquinarias y equipos obsoletos en casi un 90 por ciento, y el contrabando; aún así, podríamos decir que hay una oferta razonable de productos agrícolas, cuyo abastecimiento es notorio en los diferentes centros de consumo y/o distribución del país, tanto mayoristas, como al detal.
Sin embargo, nos hallamos ante un dilema muy singular del momento socio económico que confronta ostensiblemente, la población venezolana en términos generales, y se patentiza en una cantidad considerable de demandantes y/o compradores en busca de precios alcanzables según sus posibilidades ante unos costos exorbitantes, pese a la abundancia u oferta de comestibles a precios distorsionados e incompatibles entre si, en virtud de los diversos factores que inciden en el proceso productivo y distribución de los mismos, tales como: dolarización que conlleva inflación; escasez de combustible; matracas y “exoneraciones arancelarias” a productos terminados y “delicatteses” a adquirirse en bodegones, donde se ofrecen burlonamente, a una población de ingresos exiguos, anclada desde 3/2022 a un salario mínimo de unos Bs 130/mes, equivalentes a unos USD3,78 devaluables a diario; situación crítica que conlleva “contracción del consumo” y la inquietud natural de los productores establecidos en la entidades prolíficas del país; unas 17 de un total de 23, la mayoría en la Regiones Centrooccidental de la nación; la de mayor producción, y Zuliana, por antonomasia, pues temen una “caída desproporcionada” de sus ingresos para un retorno de capital.