Sin embargo en el caso de los estudiantes, explicó que es totalmente falso que Cadivi no va seguir atendiendo a los estudiantes, aseguró que le han garantizado la atención a más de 25 mil jóvenes que se encuentran fuera del país.
Asimismo, se refirió al cupo viajero e informó que no se eliminará, sino que se reestructurará la institución, para atender las necesidades prioritarias de los venezolanos y aquellas vitales de la economía venezolana logrando fortalecer el proceso de producción.
Además, destacó el hecho de que debe existir un control y este debería ser educativo, ejemplifico en el caso de los viajeros, ya que se han hecho diferentes operativos en los aeropuertos internacionales del país y se han encontrado con lo que el presidente Nicolás Maduro denominó como “cadivismo”.
Khan dijo que se han encontrado con personas queindican que viajaran a España y al llegar al aeropuerto su boleto es para Panamá, esto debido a que en el primer caso se aprueban 3 mil dólares y en el segundo solo 700, lo que para él es un hecho ilícito.
Asimismo, indicó que el 93% de las divisas que ingresan al BCV provienen del sector público, mientras que el sector privado solo aporta un 3%, sin embargo en los egresos el sector privado es mayor que el público, hecho que para el presidente de la institución se debe corregir.
Aseguró que existen aproximadamente 32 personas privadas de libertad, debido a que cometieron hechos irregulares, desde “la usurpación de identidad, empresas de maletín y la manifestación de algunas empresas de importar un producto e introducen otros”, agregó que en estos casos también se encuentran involucrados funcionarios y exfuncionarios de Cadivi, pero los mismos están a la orden del Ministerio Público.
La institución se encuentra en un proceso de cambio importante y complejo, y se está tratando de realizar de manera contralada, con la planificación y la optimización de los recursos de los venezolanos, así lo indicó Khan.
Informó que existen 400 empresas que están siendo investigadas por irregularidad, lo que a su juicio es el cumplimiento de una decisión firme del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.