La Rue alertó de que dicho proyecto de ley, «en el caso de que se apruebe en su formato actual, puede minar el disfrute del derecho de la libertad de expresión en Italia».
El relator resalta en un comunicado que la propuesta legal conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel si se graba y publica alguna conversación sin el permiso de la persona implicada.
«Un castigo tan severo socava gravemente el derecho de todos los individuos de investigar y difundir información, contraviniendo el Convenio de Derechos Políticos y Civiles», opina el relator de Naciones Unidas.
La Rue también muestra su preocupación sobre las penas para periodistas y editores que publiquen el contenido de grabaciones de este tipo, incluso antes de que se juzgue el asunto.
«Esta condena, de hasta 30 días de prisión y sanciones de hasta 10.000 euros para periodistas y de 450.000 para editores, es desproporcionada», dice el experto designado por el Consejo de Derechos Humanos para vigilar el derecho a la libertad de expresión y opinión.
«Esta disposición puede dificultar el trabajo de los periodistas de emprender investigaciones en materia de interés público, como la corrupción, dada la excesiva lentitud de los procedimientos judiciales en Italia», señala Frank La Rue.