El informe de la OIT manifiesta la «profunda preocupación de los alegatos de actos de violencia contra dirigentes empleadores y sindicalistas, la criminalización de acciones sindicales legítimas, así como otras restricciones de las libertades públicas necesarias para el ejercicio de los derechos sindicales».
La Comisión también apuntó «a deficiencias graves en el diálogo social y al retraso desde hace años en la tramitación de reformas legislativas solicitadas» por la OIT, relativas «a las elecciones sindicales y diversas restricciones a los derechos de los trabajadores y de empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes».
Al respecto, la OIT precisó que se refería tanto a la patronal como a los trabajadores, para que pudieran «elegir libremente sus dirigentes sin injerencia de las autoridades y al derecho de organizar sus actividades».
En ese sentido, la OIT «deploró que los ataques a la sede de Fedecámaras (organismo de la patronal) no hayan dado lugar todavía a la condena de sus autores y la situación de impunidad», destacando «el clima de intimidación que sufren los dirigentes empleadores, a nivel personal, «incluida la expropiación de tierras y acciones contra sus propiedades- y en sedes», dice el documento.
La OIT, organismo tripartito integrado por representantes de empleadores, gobiernos y trabajadores, que nuclea a 182 Estados miembros, le recordó a Venezuela que las libertades sindical y de asociación «no pueden existir en ausencia del conjunto de garantías de la libertades públicas, en particular la libertad de expresión, de reunión y de movimiento».
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